Corte Interamericana avala avances del gobierno en reparación del caso Atenco: estas son las medidas que se han cumplido

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) informó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido avances en el cumplimiento de la sentencia por el caso de tortura sexual contra mujeres de la comunidad indígena del municipio de Atenco, Texcoco, que ocurrió en 2006.

En un comunicado, la Corte indicó que en una primera supervisión del cumplimiento de la sentencia emitida en noviembre del 2018, se deteminó que el gobierno mexicano ha concretado una de 10 medidas reparatorias a favor de la comunidad afectada.

En el mismo documento señaló que “el Estado ha dado cumplimiento total” al pago de 30 mil dólares al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), por concepto de costas y gastos.

“Declarar que el Estado ha dado cumplimiento total a la medida relativa al pago de la cantidad indicada en el párrafo 380 del Fallo por concepto de reintegro de costas y gastos, ordenada en el punto resolutivo décimo sexto de la Sentencia”, afirmó.

Adelantó que próximamente analizará el cumplimiento de las nueve medidas reparatorias restantes, que son:

• Continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso (punto resolutivo noveno de la Sentencia).
• Brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas de este caso que así lo soliciten (punto resolutivo décimo de la Sentencia), respecto a la cual en la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia de 19 de noviembre de 2020 la Corte indicó que el Estado había venido dando cumplimiento y debe continuar implementando.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas en relación con los hechos del presente caso (punto resolutivo décimo segundo de la Sentencia).
• Crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia).
• Establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del Estado de México (punto resolutivo décimo tercero de la Sentencia).
• Otorgar una beca en una institución pública mexicana de educación superior a favor de Angélica Patricia Torres Linares, Claudia Hernández Martínez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo para realizar estudios superiores técnicos o universitarios (punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia).
• Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres (punto resolutivo décimo quinto de la Sentencia).

Asimimso, la Corte dispone que el Estado adopte, en definitiva y a la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento a las reparaciones indicadas, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, destacó que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá notificar la presente Resolución a los Estados Unidos Mexicanos, a las representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Caso Atenco

El 3 y 4 de mayo de 2006, tras un conflicto entre autoridades de Texcoco y floristas, aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y mil 815 agentes municipales y estatales realizaron un operativo en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, dirigido contra activistas y personas solidarias con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El operativo, que apoyó la protesta de los floristas, resultó en el uso excesivo de la fuerza. Como consecuencia, murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Ollin Alexis Benhumea, de 20.

Posteriormente, se detuvo y torturó a 217 personas, entre ellas 47 mujeres, la mayoría víctimas de tortura sexual por parte de policías durante su traslado a un centro de reclusión.

Las detenidas enfrentaron agresiones sexuales, golpes y amenazas, además de incomunicación. 26 mujeres denunciaron estas agresiones al ingresar al CERESO “Santiaguito”, sin recibir atención adecuada.

La tortura fue documentada por la CNDH y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

Sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, pero todos absueltos, igual que un policía condenado por actos libidinosos. Ante la falta de justicia nacional, 11 mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH recomendó una investigación penal efectiva y medidas para evitar la repetición de violaciones.

El caso llegó a la Corte Interamericana, que en 2018 declaró responsable al Estado mexicano y ordenó investigar y sancionar a los responsables, fortalecer mecanismos contra la tortura sexual y crear un observatorio independiente.

Aunque el Tribunal Colegiado ordenó remitir la averiguación a la FEVIMTRA, el cumplimiento de las medidas estructurales y de atención a víctimas sigue siendo insuficiente, manteniéndose la impunidad y las problemáticas de abuso de fuerza y tortura sexual.