
El programa “Del Campo a la Ciudad”, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de fortalecer el abasto de alimentos y vincular directamente a productores con consumidores, se encuentra bajo cuestionamiento.
La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local exigió mayor transparencia en su implementación, al advertir inconsistencias en su diseño y operación.
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Durante su intervención en tribuna, el coordinador parlamentario Royfid Torres González presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno capitalino.
En él solicita la entrega de un informe pormenorizado —desde el 8 de agosto de 2025 a la fecha— que detalle los mecanismos de adquisición de productos, los listados de productores participantes y la posible intervención de intermediarios en la distribución.
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El legislador subrayó que, aunque el programa tiene como propósito garantizar el acceso a alimentos en zonas con bajos índices de desarrollo social, sus reglas de operación carecen de precisión.
En particular, señaló que no existe una obligación explícita para que las autoridades compren directamente a los productores del campo, lo que abre la puerta a esquemas de intermediación que podrían distorsionar el objetivo original.
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Señalan vacíos que afectan a productores del campo
Uno de los principales señalamientos de Movimiento Ciudadano es la falta de claridad en torno a los beneficiarios del programa. De acuerdo con Torres González, las reglas actuales solo reconocen como beneficiarios a personas facilitadoras de servicios y a consumidores finales, dejando fuera a los propios productores agrícolas.
“Esta ambigüedad implica tres problemas centrales: la imprecisión en los mecanismos de adquisición, la falta de instrumentos para verificar su correcta implementación y la exclusión de los productores del padrón de beneficiarios”, sostuvo el legislador.
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Esta omisión, advirtió, tiene consecuencias directas en la economía de quienes trabajan en el campo, ya que los productos pueden ser adquiridos a precios por debajo del valor comercial. Esto contraviene el espíritu del programa, que busca generar un vínculo directo entre quienes producen alimentos y quienes los consumen.
Solicitan ajustes para garantizar el objetivo del programa
Ante este panorama, el exhorto presentado también incluye la petición de realizar adecuaciones a las reglas de operación del programa, con el fin de alinearlas a su propósito original. Esto implicaría establecer mecanismos claros de compra directa, así como garantizar que los productores sean reconocidos formalmente como beneficiarios.
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Desde Movimiento Ciudadano enfatizaron que no se oponen a la existencia del programa, al considerarlo una herramienta relevante para fortalecer la seguridad alimentaria en la capital.
Sin embargo, advirtieron que la falta de transparencia podría derivar en un uso ineficiente de los recursos públicos y en afectaciones indirectas tanto a productores como a comerciantes locales.
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“El objetivo es doble: garantizar el derecho a la alimentación y asegurar que los programas sociales operen con claridad, sin opacidad y con beneficios reales para todos los actores involucrados”, concluyó el legislador.
El llamado ahora queda en manos de las autoridades capitalinas, quienes deberán responder al Congreso local y, en su caso, ajustar el programa para cumplir con los principios de equidad, transparencia y eficiencia que demanda la política pública en materia social.
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