Proponen condenas de hasta nueve años de prisión por explotación laboral infantil

Condenas de hasta nueve años de prisión se proponen en el Estado de México para quienes cometan explotación laboral infantil, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández.

El planteamiento solicita que la sanción aumente si la víctima es menor de 15 años, tiene discapacidad, pertenece a un pueblo indígena o se encuentra en condición de pobreza, marginación o exclusión social.

Si el responsable es madre, padre, tutor o persona encargada del cuidado, también podrá perder o suspender la patria potestad.

En municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad y Naucalpan, entre el 10 y 12 por ciento de menores realizan actividades de riesgo en el comercio informal o en entornos peligrosos.

En Toluca, Zinacantepec y Tecámac la cifra llega al 10 por ciento, mientras que en regiones como Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya o Sultepec supera el 12 por ciento, con altos niveles de ausentismo escolar y poca supervisión institucional.

El delito de explotación laboral infantil y sus agravantes

La propuesta legislativa define que el delito se configura cuando una persona utiliza, obliga, induce, facilita o se beneficia del trabajo de niñas, niños y adolescentes.

También se considera delito si la actividad afecta la salud física o mental, limita el acceso o permanencia en el sistema educativo, atenta contra la dignidad o desarrollo integral, o se realiza en condiciones peligrosas, insalubres o ilícitas.

La pena base es de seis años de cárcel, pero puede alcanzar nueve años si existen agravantes como la edad de la víctima, discapacidad, pertenencia indígena o vínculo familiar con el responsable. Las sanciones incluyen la posible suspensión de la patria potestad.

Prevención, atención y restitución de derechos

La iniciativa solicita que autoridades estatales y municipales implementen acciones coordinadas para prevenir, detectar y atender casos de trabajo infantil. Entre las medidas propuestas se encuentran:

• Canalización inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
• Garantía de acceso y permanencia en el sistema educativo, con programas de regularización académica y acompañamiento pedagógico.
• Atención médica, psicológica y social para la recuperación y bienestar integral.
• Acompañamiento familiar y comunitario para identificar el trabajo infantil como problema social, familiar e institucional.
• Protección contra cualquier forma de estigmatización, discriminación o revictimización.

El planteamiento también contempla la capacitación dirigida a madres, padres y personas tutoras para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil.

Obligaciones institucionales y seguimiento

Se prevé que el Sistema Educativo Estatal se coordine con autoridades competentes para prevenir el abandono escolar y garantizar la reincorporación , así como la conclusión de estudios de quienes se encuentren en situación de trabajo infantil o vulnerabilidad social.

La Secretaría del Trabajo y la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, junto con el DIFEM y los ayuntamientos, deberán elaborar y dar seguimiento a un programa específico de prevención y atención.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con Sipinna y autoridades municipales, deberá implementar medidas para detectar el riesgo de abandono escolar y canalizar a las infancias o adolescentes a programas de apoyo social y protección de derechos.