
La Secretaría de las Mujeres celebra la Declaratoria de Reforma Constitucional al artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Esto, luego de que ayer el Congreso emitió la declaratoria tras recibir el aval de 27 congresos locales.
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¿Qué falta?
El poder legislativo cuenta ahora con un plazo de 180 días naturales para legislar y publicar la Ley General, que establecerá la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, con perspectiva de género y protocolos especializados.
¿Qué cambiará?
La normativa unificará el tipo penal a nivel nacional y fijará penas de entre 40 y 70 años de prisión. El delito de feminicidio no prescribirá, se perseguirá de oficio y no admitirá beneficios procesales, indultos ni amnistías.
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El agresor perderá la patria potestad sobre sus hijas e hijos, los derechos sucesorios y cualquier otro beneficio legal vinculado a la víctima.
La nueva ley ampliará el catálogo de razones de género que deberán considerarse al investigar el delito, incluyendo antecedentes de violencia, relación de pareja o confianza, violencia sexual, desaparición previa y contextos de desigualdad o subordinación.
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Las penas aumentarán si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, tiene alguna discapacidad, está embarazada, pertenece a un pueblo indígena, es periodista o defensora de derechos humanos, o si el crimen es cometido por un servidor público.
Las políticas de prevención de la violencia feminicida quedarán a cargo de la Secretaría de las Mujeres, que coordinará el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.
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Los tres órdenes de gobierno deberán contar con fiscalías y unidades especializadas, personal pericial capacitado y recursos suficientes.
El Estado mexicano asumirá la responsabilidad de la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, lo que incluye la creación de registros nacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
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Con esta declaratoria, el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza en el compromiso de transformar el sistema de justicia y reafirma que erradicar la violencia feminicida es una responsabilidad estatal y una condición indispensable para lograr la igualdad sustantiva.
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