En México, niñas y niños de entre 1 y 4 años presentan niveles elevados de plomo en sangre, un problema que persiste a pesar de las advertencias de organismos internacionales y la existencia de programas oficiales para su control.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), más de 1.4 millones de menores en ese rango de edad tienen concentraciones de plomo consideradas tóxicas, lo que representa más de 17% de la población infantil mexicana.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica al plomo como una de las diez sustancias de mayor preocupación para la salud pública, responsable de más de 600 mil casos nuevos de discapacidad intelectual cada año.
En el país, el Consejo de Salubridad General aprobó en 2019 un programa para controlar la exposición, pero especialistas advierten que el problema no ha sido atendido de manera sostenida.
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El plomo daña el desarrollo cerebral y disminuye el coeficiente intelectual de niñas y niños.
Según datos del INSP, el 15% de la población infantil pierde hasta cinco puntos potenciales en su coeficiente intelectual por efecto del plomo.
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La exposición ocurre principalmente por el uso de loza de barro vidriada con óxido de plomo, empleada para cocinar y almacenar alimentos, además de otras fuentes como reciclaje de baterías, metalurgia, minería y polvo contaminado.
Una vez que entra al cuerpo, el plomo puede afectar todos los órganos. Sus efectos varían según la cantidad, el momento y la duración de la exposición. Incluso a niveles bajos, el plomo provoca daños neurológicos, cardiovasculares, renales y reproductivos.
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El metal atraviesa la placenta, afectando al feto y generando problemas de aprendizaje, atención y conducta. También se ha documentado mayor riesgo de agresividad y violencia en adultos expuestos durante la infancia.
Los costos para el país por el daño intelectual infantil derivado del plomo alcanzan 229 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a casi el 1.4% del Producto Interno Bruto.
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El problema es más marcado en estados como Puebla (45.6%), San Luis Potosí (37.4%), Tlaxcala (35.6%), Estado de México (30.2%), Oaxaca (29.4%) y Ciudad de México (29.3%). En contraste, entidades como Sinaloa, Tabasco y Yucatán presentan prevalencias mucho menores.
El riesgo es mayor para la niñez y en contextos de pobreza
El INSP señala que 31% de quienes utilizan loza vidriada con plomo tiene intoxicación por este metal.
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El riesgo es mayor para fetos, bebés y menores, ya que su organismo absorbe más plomo y los daños son irreversibles por presentarse en etapas críticas de desarrollo.
Las familias en condiciones socioeconómicas desfavorecidas enfrentan mayor riesgo, pues suelen usar más este tipo de cerámica y cuentan con menos medios para mitigar sus efectos adversos.
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La transición a esmaltes sin plomo ha sido limitada. Menos de 10% de los alfareros tradicionales ha sustituido el plomo por materiales alternativos.
El desarrollo y acceso a esmaltes seguros, así como la conciencia social sobre el riesgo, siguen siendo desafíos pendientes.
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Propuesta de monitoreo para alimentos infantiles
La intoxicación infantil por plomo podría prevenirse con un sistema de monitoreo constante de metales pesados en fórmulas y alimentos infantiles.
La Universidad Iberoamericana presentó en 2024 una propuesta de política pública que plantea establecer un monitoreo permanente, con el fin de detectar contaminantes antes de su consumo, identificar fuentes y emitir alertas sanitarias oportunas.
Esta propuesta, encabezada por la Dra. Alejandra Cantoral Preciado, busca pasar de un modelo reactivo a uno preventivo. El modelo permitiría fortalecer la regulación de productos infantiles y proteger a la niñez desde etapas tempranas.
La información que se publicó recientemente subraya que el problema del plomo tiene raíces estructurales y está ligado al uso de loza con plomo en el centro y sur del país, mientras que en el norte predominan fuentes industriales. La pobreza y la desnutrición incrementan la absorción del metal.
Aunque existe un programa nacional para prevenir la exposición, la falta de implementación deja sin protección a millones de menores. La evidencia científica advierte que no existe un nivel seguro de plomo en sangre y que la intoxicación afecta el desarrollo, aprendizaje, lenguaje y motricidad desde la gestación.
La propuesta de la IBERO subraya que el control del plomo requiere sistemas de vigilancia continua en la cadena alimentaria, especialmente en productos para la infancia. El monitoreo de fórmulas y alimentos infantiles representa una intervención clave para evitar el daño antes de que ocurra.
La intoxicación por plomo en México es prevenible, pero su persistencia está vinculada a fallas en la regulación, la vigilancia sanitaria y la atención a las desigualdades.
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