La administración estatal de Baja California endurece penas por maltrato animal

Un nuevo paquete legislativo impone sanciones más estrictas e introduce medidas innovadoras como el registro de personas sentenciadas por agresión

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Un nuevo paquete legislativo impone sanciones más estrictas e introduce medidas innovadoras como el registro de personas sentenciadas por agresión
Baja California reconoce a los animales como sujetos de especial protección jurídica y fortalece las leyes de bienestar animal. Crédito: Cortesía del Gobierno de BC

Baja California se coloca a la vanguardia nacional en bienestar y protección animal al elevar a los animales a la categoría de sujetos de especial protección jurídica con reformas constitucionales y penales impulsadas bajo el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La administración estatal prioriza la dignidad y la justicia para los animales, estableciendo nuevos estándares que modifican de fondo el marco legal y las políticas públicas en la materia, según informó el gobierno de Baja California en un comunicado.

Autoridades estatales subrayaron que la reforma al Código Penal del Estado introduce penas que van de uno a cinco años y de tres a ocho años de prisión para quienes incurran en maltrato animal, ampliando el castigo previsto en la ley anterior, que solo contemplaba de tres meses a dos años de cárcel.

Esta iniciativa también crea el Registro Estatal de Agresores de Animales, lo que impide que quienes estén inscritos en él puedan poseer o custodiar animales en el futuro.

Baja California reconoce derechos especiales a animales y endurece sanciones por maltrato

Perro delgado acostado en un suelo húmedo junto a un plato roto, en una esquina de paredes grises
La ampliación de delitos en el marco legal incluye ahora casos de desnutrición y abandono animal, con persecución oficiosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo la dirección de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Baja California integró reformas legales consideradas pioneras en el país. Desde el inicio de la gestión, se fundó la Dirección de Derecho y Bienestar Animal para coordinar esfuerzos con los ayuntamientos, articular políticas públicas locales y reforzar la protección jurídica de los animales.

El comunicado señaló que la entidad impulsa un modelo de gobernanza enfocado en la empatía y la justicia, transformando la forma en que el Estado se relaciona con los animales. Una reforma constitucional eleva su estatus al reconocerlos como seres sujetos de especial protección.

Entre los cambios legislativos destaca la ampliación de supuestos para tipificar delitos de maltrato y crueldad animal, incluyendo desnutrición y abandono. Se determina la persecución oficiosa de estos delitos, eliminando barreras para su denuncia, y se introduce un esquema de penas proporcional al daño causado.

Fiscalía especializada contra el maltrato animal y santuarios

Un nuevo paquete legislativo impone sanciones más estrictas e introduce medidas innovadoras como el registro de personas sentenciadas por agresión
El Santuario Mily en Mexicali ofrece atención médica especializada a animales víctimas de violencia y también a mascotas de la comunidad. Crédito: Cortesía del Gobierno de BC

El gobierno estatal fortalece la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, incrementando las capacidades para investigar y sancionar conductas de crueldad. Se articula la atención de casos prioritarios y se emiten recomendaciones para consolidar una estrategia de protección animal homogénea a nivel estatal.

Uno de los proyectos centrales de la administración es el Santuario Mily en Mexicali, destinado a animales que han sido víctimas de violencia. El lugar, bajo la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, dispone de siete médicos veterinarios y una clínica equipada con quirófano, rayos X, ultrasonido, laboratorio y equipo para limpieza dental. El servicio también se ofrece a mascotas de la ciudadanía.

Las reformas legales cuentan con la participación de organizaciones como Abogados Animalistas México y el Grupo de Investigación y Derecho Animal, cuyas propuestas se incorporan en la toma de decisiones públicas.

Un avance específico es la eliminación de las calandrias tiradas por caballos en Ensenada. El gobierno estatal sustituye esta práctica de explotación animal por calandrias eléctricas, al tiempo que mantiene opciones laborales para los prestadores de servicios turísticos.