
El acuerdo aprobado en el Senado para convocar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a una reunión de trabajo derivó en una nueva exigencia de la bancada del Partido Acción Nacional: incluir al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el mismo proceso de rendición de cuentas.
La mayoría integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde avaló citar a la mandataria estatal y al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, para que informen sobre un operativo en el que presuntamente participaron agentes de Estados Unidos, dos de los cuales murieron en territorio mexicano. A partir de ese acuerdo, legisladores del PAN plantearon que el análisis debe ampliarse a otras entidades.
El senador Ricardo Anaya sostuvo que Rocha Moya debe explicar presuntos vínculos con Ismael “El Mayo” Zambada, así como detallar los mecanismos de comunicación que habría mantenido con él. También pidió que se esclarezcan las circunstancias en torno a un encuentro previsto el día en que el líder criminal fue privado de la libertad.
El blanquiazul pide considerar también a Marina del Pilar
Además del caso de Sinaloa, el PAN solicitó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, sea considerada en estos llamados, bajo el argumento de que existen elementos que ameritan una revisión más amplia sobre la actuación de autoridades estatales frente a la delincuencia organizada.

Durante la discusión en el Senado, el tema derivó en cuestionamientos sobre la legalidad del acuerdo aprobado por la mayoría. El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló en tribuna que la invitación a la gobernadora de Chihuahua no cuenta con un sustento jurídico claro, al no existir una facultad expresa en la Constitución o en las leyes que permita al Senado requerir este tipo de comparecencias.
En la misma línea, el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones consideró que el punto de acuerdo carece de utilidad práctica, al no establecer mecanismos obligatorios para que las autoridades convocadas acudan o rindan información formal.
El debate reflejó posiciones encontradas sobre el papel del Senado en la supervisión de asuntos vinculados con seguridad y cooperación internacional. Mientras la mayoría defendió la pertinencia de esclarecer lo ocurrido en Chihuahua, la oposición insistió en que cualquier llamado debe apegarse estrictamente al marco legal vigente.
Comparecencia de Maru Campos
Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado aprobaron convocar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo programada para el 28 de abril a las 11:00 horas, con el fin de que informen sobre un operativo en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses.
La decisión fue respaldada por 15 votos a favor y uno en contra. El encuentro se llevará a cabo en el Senado y tiene como propósito que las autoridades estatales detallen los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara, así como el avance de las investigaciones.
El caso se originó tras un despliegue contra un narcolaboratorio en esa región, donde perdieron la vida dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos, luego de un accidente vehicular registrado durante el operativo. De acuerdo con los reportes conocidos, los extranjeros participaban en labores vinculadas al combate al narcotráfico.
La presencia de estos agentes en territorio mexicano sin conocimiento previo del Gobierno federal generó cuestionamientos en el ámbito político. La presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional no fue notificada sobre la intervención de personal extranjero, situación que ubicó dentro del ámbito de la seguridad nacional y la soberanía.
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