Familia de Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe protesta en CDMX, acusan irregularidades en investigación

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años que fue hallada sin vida el 17 de abril pasado enla Ciudad de México, ha generado dudas sobre la investigación judicial, no solo por cómo ocurrió el crimen sino por la prontitud con la que detuvieron al presunto agresor.

En este sentido, familiares de Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe, protestaron hoy en la zona centro de la Ciudad de México, al acusar irregularidades en la investigación del caso y una supuesta fabricación de delito.

La familia de Juan Jesús ‘N’ bloqueó el cruce de la avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, acompañados de diversos colectivos, y posteriormente marcharon hacia el Zócalo capitalino, para exigir la liberación del presunto feminicida, así como el alto a la fabricación de carpetas, a la tortura y los encarcelamientos injustos.

Desde el 19 de abril pasado, familiares y la defensa de Juan Jesús “N”, vigilante del inmueble y único detenido, denuncian que el joven ha sufrido amenazas y presiones para declararse culpable.

El abogado Julián González asegura que su cliente presenta golpes visibles y pide más tiempo para recabar pruebas, incluyendo un video que señalaría a otro inquilino como sospechoso.

Durante la audiencia del 18 de abril, la defensa solicita duplicidad del término constitucional y no descarta activar protocolos por posible tortura.

Los padres de Juan Jesús “N” sostienen que su hijo es inocente y temen por su seguridad, mientras que familiares difunden en redes sociales que la Fiscalía lo presionó para que se culpe a sí mismo sin pruebas sólidas.

Ese mismo fin de semana, los papás de Edith Guadalupe hicieron un llamado a que no haya “chivos expiatorios” en el femincidio de su hija, tras la detención de Juan Jesús ‘N’, quien fue detenido la misma noche en que fue hallada la joven.

Sin embargo, ayer cambiaron su discurso y aceptaron que existen pruebas contra Juan Jesús “N”, presunto responsable de su feminicidio, y expresa confianza en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Afirmaron que el caso estuvo marcado por omisiones iniciales, pero reconocen que ahora la investigación avanza con apego a la ley y exigen que no se utilice el nombre de Edith en protestas.

Juan Jesús “N”, trabajador del edificio donde apareció el cuerpo, está vinculado a proceso y permanece en el Reclusorio Norte. La familia de la víctima pide respeto a su privacidad y demanda que la justicia se concrete tras casi dos semanas del hallazgo.

Especialista advierte sobre fallas en justicia penal tras caso de Edith Guadalupe

A una semana del hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en un edificio de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, el caso sigue generando dudas sobre la actuación de la Fiscalía capitalina, el papel de los medios de comunicación y las fallas estructurales del sistema de justicia penal en México.

Víctor Martínez Villa, abogado de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México, advierte que uno de los principales riesgos es que el juicio mediático termine sustituyendo al juicio formal y afecte la presunción de inocencia, así como la posibilidad de una investigación completa.

El especialista sostiene que, aunque la visibilización de casos de alto impacto puede generar atención social, existe una línea delicada cuando las filtraciones y la exposición del detenido se convierten en condena anticipada.

“Muchos medios de comunicación están exhibiendo el nombre de la persona, el puesto de la persona e incluso revelando material que podría ser valioso para la investigación. Esto termina afectando la presunción de inocencia”, señala.

Martínez Villa explica que la presunción de inocencia no sólo implica considerar inocente a una persona hasta que se demuestre lo contrario, sino también respetar ese principio durante todo el proceso penal y evitar los llamados juicios mediáticos.

Advierte que los juicios paralelos en medios pueden generar estigma hacia el acusado y presión indirecta hacia los jueces.

El abogado subraya que la persona detenida no necesariamente sería quien ejecutó directamente el homicidio, sino alguien con posible conocimiento o participación auxiliar dentro de una estructura más compleja.

Sostiene que “no parece ser la única persona involucrada” y que se debe investigar quién colocaba los anuncios, de quién era el departamento, quién lo ocupaba realmente y por qué otras personas utilizaban ese espacio.

Incluso plantea la posibilidad de una red más amplia vinculada con delincuencia organizada.

Martínez Villa advierte sobre las investigaciones con “efecto túnel”, frecuentes en México y América Latina, donde las fiscalías concentran la atención en una sola persona detenida y abandonan otras líneas de investigación.

Señala que cuando detienen a alguien con cierto nivel de participación, muchas veces se cierra el caso ahí y no se investiga a los autores intelectuales o a quienes sostienen la estructura criminal.

En el caso de Edith Guadalupe, insistió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe corregir errores, evitar filtraciones, preservar pruebas fundamentales —como videos de vigilancia— y ampliar las líneas de investigación.

“No se puede cerrar únicamente por una persona detenida si su participación posiblemente no es la más significativa. Hay muchas cuestiones detrás que no se están vigilando y eso termina siendo una omisión grave”, advierte.

El especialista también vincula este caso con el problema estructural de las desapariciones de mujeres y la carga que enfrentan las familias para investigar por cuenta propia.

Sostiene que, en México, suelen ser las familias quienes aportan datos y presionan a las fiscalías, y que la falta de acción oportuna de las autoridades puede terminar provocando homicidios.

Si la información proporcionada por la familia sobre el posible domicilio donde se encontraba Edith no fue investigada adecuadamente, plantea la pregunta sobre si el crimen pudo haberse evitado.

Finalmente, Martínez Villa llama a que las audiencias judiciales sean públicas y seguidas por medios, academia y sociedad civil, no como espectáculo, sino como vigilancia institucional.

“Toda audiencia penal, salvo excepciones legales, debe ser pública. La ciudadanía tiene derecho a observar cómo actúan jueces y fiscales. Queremos justicia, pero a través de la imparcialidad”, afirma.

Para el especialista de la IBERO, el verdadero reto no solo será esclarecer el homicidio, sino demostrar si el sistema de justicia puede actuar sin presiones mediáticas, sin carpetazos prematuros y sin volver a invisibilizar a las víctimas y sus familias.