El diputado Alan Sahir Márquez Becerra ha impulsado una reforma para modificar la Ley de Migración y otorgar de inmediato condición de estancia por razones humanitarias a personas migrantes víctimas de secuestro en México.
La iniciativa busca responder a los vacíos legales actuales que dificultan la protección y el acceso a la justicia para este grupo, uno de los más vulnerables a los delitos graves en el país.
La propuesta modifica el inciso a) del artículo 52 de la Ley de Migración, al adicionar dos párrafos que establecen la entrega automática de dicha autorización, sin exigir que la persona acredite previamente su situación migratoria.
En el documento expuesto en la Cámara de Diputados se señala que el permiso otorgaría a la víctima la posibilidad de transitar o permanecer en el país el tiempo necesario para su recuperación integral, su protección y su participación en las investigaciones y procesos judiciales derivados del secuestro.
Se documentaron 262 migrantes víctimas de secuestro
El legislador citó cifras de la organización Alto al Secuestro, las cuales, en marzo de 2024, registraron 521 víctimas de secuestro en México, de las cuales 262 son migrantes.
Los datos corresponden a 84 casos reportados. Márquez Becerra subrayó que las bandas delictivas aprovechan la vulnerabilidad de quienes se desplazan por el territorio nacional sin recursos y sin redes de apoyo.
En estas situaciones, los migrantes son privados de la libertad muchas veces en condiciones degradantes, a la espera de que un familiar pague un rescate en dólares o pesos mexicanos. Si esto no ocurre, las víctimas enfrentan amenazas de mutilación o incluso de muerte.
El diputado sostiene que la legislación actual omite garantías para que las víctimas de secuestro obtengan acceso inmediato a la regularización migratoria y no establece mecanismos efectivos de protección, atención integral o acceso a la justicia. Esta carencia coloca a las personas migrantes en una situación de indefensión superior a la que enfrentan otros sectores.
Acceso urgente a protección integral
La iniciativa ordena a las autoridades federales y locales asegurar el acceso inmediato a medidas de protección específicas para las víctimas:
- Atención médica y psicológica especializada
- Asistencia jurídica gratuita
- Disponibilidad de intérpretes o traductores cuando sea necesario
El objetivo es que los derechos de la persona migrante sean ejercidos en tiempo real y no queden sujetos a trámites burocráticos o a la discrecionalidad de los funcionarios.
Márquez Becerra argumenta que las personas migrantes no experimentan el daño ni las consecuencias de la misma forma que otras víctimas y que, por lo tanto, los mecanismos de protección y reparación del Estado mexicano deben responder a características específicas de este grupo.
El legislador insiste en que, si se aprueba la propuesta, el Estado mexicano cumpliría sus obligaciones constitucionales y compromisos internacionales en derechos humanos. La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis.
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