La guerra que llegó por el gas: Oriente Medio, América Latina y la nueva n vulnerabilidad de México

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que Reuters sitúa desde el 28 de febrero de 2026, parece lejana en el mapa, pero hace semanas dejó de ser un conflicto remoto para América Latina. Entró por el petróleo, por el gas, por los fletes, por la inflación esperada y por la volatilidad financiera. El 8 de abril de 2026 se anunció una tregua de dos semanas, pero incluso con ese alivio parcial los mercados físicos de energía siguen bajo tensión, con infraestructura dañada, cargamentos atorados y rutas marítimas todavía frágiles. En otras palabras: el problema no terminó, apenas cambió de forma.

La razón es simple: el estrecho de Ormuz no es un detalle geográfico, sino una bisagra del sistema energético mundial. La Agencia Internacional de Energía señala que en 2025 pasaron por ahí casi 15 millones de barriles diarios de crudo, equivalentes a cerca de 34% del comercio global de crudo, y la EIA estadounidense añade que en 2024 y el primer trimestre de 2025 ese paso concentró más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y alrededor de una quinta parte del consumo global de petróleo y petrolíferos, además de cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado.

Cuando esa arteria se bloquea o queda bajo amenaza, la onda expansiva no se queda en el Golfo: viaja a puertos, refinerías, bancos centrales y ministerios de Hacienda de todo el planeta.

Por eso el impacto latinoamericano fue casi inmediato. Se reportó que el 7 de abril el índice MSCI de acciones latinoamericanas cayó 1%, con Chile a la cabeza de las pérdidas bursátiles con -1.4%, México con -1.1% y Brasil bajo presión cambiaria. Los estrategas citados por Reuters advirtieron que, si el Brent se acercaba a 150 dólares por barril, las monedas de economías emergentes importadoras de energía quedarían especialmente expuestas. Un día antes, el mismo medio había mostrado el otro lado de esa fragilidad: bastó la expectativa de una posible desescalada para que el peso mexicano repuntara 0.6%. Esa combinación de caída y rebote no es señal de fortaleza; es señal de dependencia frente a un shock externo que la región no controla.

La tregua tampoco significa normalidad. Medios occidentales informaron el 8 de abril que, aun con la pausa negociada, había alrededor de 130 millones de barriles de crudo, 46 millones de barriles de combustibles refinados y 1.3 millones de toneladas de gas natural licuado varados en buques a la espera de condiciones seguras. En marzo, las exportaciones de crudo del Medio Oriente que pasan por Ormuz colapsaron en torno a 13 millones de barriles diarios, equivalentes a cerca de 13% del consumo mundial, y parte de esa producción tardará semanas o meses en volver por daños físicos, cautela naviera y cuellos de botella logísticos.

El mismo día, Reuters reportó que el Brent cayó con fuerza, a la zona de 91 a 95 dólares, pero advirtió que el mercado físico seguía estresado y que los compradores todavía enfrentaban escasez y primas elevadas. Esa es la paradoja: el precio financiero baja más rápido que el daño real.

América Latina no recibió el golpe de manera uniforme. Los países netamente importadores, como Chile, sienten de inmediato la presión sobre sus activos, su inflación importada y sus cuentas externas. Brasil, aun siendo un gran productor, también resiente la aversión global al riesgo y la presión sobre su moneda.

Algunos exportadores pueden obtener un respiro transitorio por precios altos, pero incluso esa ganancia es engañosa. Venezuela, por ejemplo, logró que sus exportaciones superaran 1.09 millones de barriles diarios en marzo, por primera vez en seis meses, pero al mismo tiempo Reuters reportó este 8 de abril que sus refinerías operaban apenas al 31% de su capacidad. En la región, por tanto, el alza del crudo no equivale automáticamente a seguridad energética; muchas veces solo maquilla fragilidades estructurales.

México ocupa un lugar especialmente delicado en ese tablero. El país no depende del Golfo Pérsico para abastecerse directamente, pero sí depende de un sistema internacional donde cualquier gran guerra energética reordena precios, rutas y decisiones de inversión. Y, sobre todo, depende de Estados Unidos. Reuters reportó en enero de 2025 que las importaciones, casi totalmente provenientes de Estados Unidos, cubren 72% de la demanda mexicana de gas natural. La EIA documentó después que las exportaciones por ducto de Estados Unidos a México promediaron 6.4 mil millones de pies cúbicos diarios en 2024, máximo histórico anual, y que en mayo de 2025 alcanzaron un récord mensual de 7.5 mil millones.

AP añadió esta semana que México es hoy el mayor comprador individual de gas estadounidense. Eso significa que la soberanía energética mexicana descansa, en buena medida, sobre moléculas ajenas y sobre tuberías que cruzan la frontera norte.

La dependencia es aún más seria porque el gas ya no es un combustible secundario en México: es la columna vertebral del sistema eléctrico. Un diagnóstico del Natural Resource Governance Institute, basado en datos de SENER, señala que alrededor de 60% de la electricidad generada en México proviene del gas natural; además, 59% del gas consumido en el país se destina a generación eléctrica. El mismo documento muestra que entre 2014 y 2024 la producción doméstica de gas cayó 33%, mientras que las importaciones por ducto subieron de manera sostenida hasta representar cerca de 73% del consumo en 2023. En otras palabras, México no solo importa mucho gas: importa el combustible que sostiene buena parte de sus focos, fábricas y redes de producción.

Ahí está el verdadero significado latinoamericano de esta guerra. No se trata únicamente de si sube o baja la gasolina esta semana. Se trata de que un conflicto a miles de kilómetros ya está reescribiendo debates internos sobre seguridad energética, almacenamiento estratégico, transición y modelo de desarrollo. En México, Claudia Sheinbaum anunció precisamente esta semana una iniciativa para explorar métodos de extracción de gas no convencional y reducir la dependencia del suministro estadounidense. AP reportó que evitó usar la palabra “fracking”, habló de una extracción “sustentable” y encargó a un comité técnico dos meses para evaluar métodos menos dañinos, como el uso de agua no potable y menos químicos. La propia presidenta vinculó la decisión con las lecciones dejadas por la escasez de gas en Europa durante la guerra en Ucrania y por la actual guerra en Medio Oriente.

Ese anuncio revela dos cosas a la vez. Primero, que la guerra ya modificó la agenda energética mexicana. Segundo, que México está reaccionando desde la urgencia, no desde una estrategia resuelta. Porque la pregunta no es solamente si conviene sacar más gas; la pregunta es qué tipo de vulnerabilidad se quiere corregir. Extraer más gas podría reducir parte de la exposición externa, pero también puede profundizar conflictos ambientales, tensiones hídricas y una mayor dependencia de otro combustible fósil en un país que necesita diversificar, no solo sustituir un origen por otro. El riesgo es responder a una crisis geopolítica con una solución que alivie el corto plazo pero encierre al país por más años en la misma lógica fósil.

Además, México llega tarde y con pocas reservas de maniobra. Expertos informaron que el país tenía apenas 2.4 días de capacidad de almacenamiento de gas natural, y que el gobierno buscaba elevarla a por lo menos cinco días. Ese dato es brutal. Una economía tan integrada a Norteamérica, tan industrializada en ciertos corredores y tan dependiente del gas para generar electricidad no puede darse el lujo de operar casi sin colchón. La tormenta invernal de Texas de febrero de 2021 ya había dejado esa lección: Reuters recordó que aquella interrupción del suministro provocó apagones para millones de usuarios en gran parte del país y pérdidas privadas estimadas en más de 6 mil millones de dólares en una sola semana. Si eso ocurrió por clima extremo en el vecino inmediato, ¿qué puede provocar una era de guerras energéticas recurrentes?

Por eso el debate mexicano no debería reducirse a un falso dilema entre importarlo todo o fracturarlo todo. La lección que deja esta guerra para AméricaLatina es más compleja. Los países importadores necesitan más resiliencia: almacenamiento, redes más robustas, diversificación de fuentes y menor exposición a un solo proveedor. Los exportadores necesitan dejar de confundir bonanza coyuntural con fortaleza estratégica. Y todos necesitan comprender que la energía ya no puede pensarse solo como insumo económico; volvió a ser, de manera descarnada, un instrumento de poder geopolítico.

México haría bien en leer esta crisis con seriedad histórica. La guerra en Medio Oriente no solo encareció barriles; mostró que la dependencia energética también es una dependencia política. Cuando un país obtiene la mayor parte del gas que consume de un solo proveedor, cuando ese gas sostiene la mayor parte de su electricidad y cuando además carece de reservas estratégicas amplias, la distancia entre “mercado” y “vulnerabilidad” se vuelve mínima. La discusión abierta por Sheinbaum no es técnica, sino de Estado: cómo asegurar energía suficiente sin hipotecar el futuro ambiental ni quedar rehén de la próxima guerra ajena.

Porque el conflicto de hoy, aunque estalle lejos, ya está decidiendo parte del México de mañana.

* Talya Iscan, politóloga Universidad Panamericana

** Las expresiones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien las escribe y no necesariamente coinciden con la línea editorial de Infobae México, respetando la libertad de expresión de expertos.