
Colectivas, organizaciones y activistas feministas denunciaron que recientemente se han generado casos de intimidación en contra de mujeres que atraviesan algún proceso por violencia vicaria, a través de mecanismos que facilitan la manipulación de la información.
En un comunicado, las 14 colectivas firmantes, entre estas el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señalaron que presuntamente los agresores vicarios utilizan dichos mecanismos para tergiversar las narrativas de las víctimas y con ello, “seguir controlando y generando miedo”.
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Acusaron que esto surgió luego de que el autodenominado Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, al cual señalaron de promover un discurso “machista y antiderechos con el lema #SoyPapaNoCriminal”, difundió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI) habría aceptado establecer un protocolo de colaboración con dicho grupo.
No obstante, las organizaciones afirmaron que “tras verificar la información”, se confirmó que no existe dicho acuerdo, pues “en cumplimiento de su mandato como organismo público”, la CEEAVI únicamente les concendió una audiencia, en la cual no se pactó ningún protocolo.
Esto lo calificaron como “una evidencia más de cómo los agresores vicarios tergiversan la información”, con el objetivo de incidir en la percepción pública y aparentar legitimidad institucional como forma de intimidación, así como para “generar miedo, preocupación y angustia en las mujeres víctimas”, intentando hacer creer que ellos “tienen el control y la verdad en la mano”.
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“Se trata de una práctica recurrente que aprovecha la misoginia y el machismo aun imperantes en la sociedad para cambiar la narrativa a su favory perpetuar la violencia”, agregaron.
En el mismo documento, las organizaciones expusieron el caso de un supuesto representante en Puebla del colectivo, identificado como David N, asegurando que él “no es víctima de falsas denuncias”.
Detallararon que en este caso existen antecedentes documentados de violencia vicaria y “terrorismo judicial” ejercidos contra una mujer identificada como Daniela, quien estuvo separada de su hija durante siete años por acusaciones fabricadas y por el abuso de vacíos legales.
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Las colectivas firmantes piden a la CEEAVI que aclare públicamente que no existe acuerdo con ese colectivo y que reafirme su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Asimismo, solicitan que se evite el uso de falsas narrativas como herramienta de presión psicológica contra las víctimas, puntualizando que la Ley Vicaria responde a un problema real y documentado, reconocido por organismos nacionales e internacionales y advirtieron que la legitimidad “no puede ser socavada por colectivos que buscan proteger a agresores”.
Las organizaciones y activistas reiteran que seguirán defendiendo el derecho a una vida libre de violencia y aseguran que no permitirán que quienes ejercen violencia vicaria se presenten como víctimas para continuar dañando a mujeres, hijas e hijos.
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“Solicitamos respetuosamente que la CEEAVI se pronuncie para aclarar que no existe acuerdo alguno con este colectivo y reafirmar el compromiso institucional con el derecho de las mujeresa una vida libre de violencia, evitando que se utilicen falsas narrativas como herramienta de presión psicológica contra las víctimas.
“Reafirmamos que la Ley Vicaria responde a una problemática real y documentada, reconocidapor organismos nacionales e internacionales. Su legitimidad no puede ser socavada por colectivos quebuscan proteger a agresores”, concluyó.
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