
En uno de los momentos más tensos de su comparecencia ante el Senado de la República, el canciller recién ratificado Roberto Velasco Álvarez abordó este 8 de abril el tema que ha puesto al gobierno mexicano en el centro de la polémica internacional: el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que por primera vez llevó el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
La postura del nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue de frente y sin ambigüedades: México cuestiona el informe, pero no niega el problema.
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“Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de las familias”
Antes de entrar al terreno técnico, Velasco marcó el tono humano del mensaje. “Bajo ninguna circunstancia negamos el dolor de muchas familias que muchos de nosotros hemos acompañado en su búsqueda desesperada de sus familiares”, afirmó ante los senadores. Las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda, dijo, “tienen toda nuestra empatía, tienen toda nuestra solidaridad”.
Esa aclaración fue deliberada: el gobierno no quiere que su rechazo al informe se lea como indiferencia ante las miles de familias que buscan a sus desaparecidos.

¿Qué cuestiona México del informe?
Velasco identificó dos objeciones concretas al reporte del CED.
- La primera tiene que ver con el alcance normativo del Comité. Según explicó, el organismo hace referencia al Estatuto de Roma y redefine el concepto de desaparición forzada, dos acciones “para las cuales el Comité no tiene facultades”.
- La segunda objeción apunta directamente al artículo 34 de la Convención Internacional, que se aplica a países que niegan la cooperación internacional y que cometen desapariciones forzadas de manera sistemática y mediante acción gubernamental. Para Velasco, esa caracterización no corresponde a la realidad mexicana: “Cosa que no está sucediendo en nuestro país. Todo lo contrario, estamos trabajando todos los días para atender este delito”.
Esta postura coincide con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado días antes, al cuestionar también la metodología del informe: el reporte analiza casos de solo cuatro estados del país y cubre el periodo de 2009 a 2017 — durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto — para luego extrapolar sus conclusiones hasta 2025, lo que el gobierno considera metodológicamente cuestionable.
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La exigencia: más calidad al sistema de la ONU
El canciller cerró su postura con un mensaje directo hacia el sistema multilateral: México seguirá cooperando, pero también seguirá exigiendo. “Vamos a seguir exigiendo al sistema de Naciones Unidas que haya una calidad mayor en su trabajo y que se tome en cuenta también los avances que ha habido en particular en los últimos años en esta materia tan delicada”.
La instrucción, dijo, viene desde la cima: “Esa es la instrucción que tenemos de la presidenta”.
El gobierno también busca una comunicación directa con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para exponer su postura, mientras que tanto la SRE como la Secretaría de Gobernación ofrecerán mayores detalles sobre el proceso en los próximos días.
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