La exfuncionaria de Monterrey, Karina Marlén Barrón Perales, obtuvo su libertad tras alcanzar un acuerdo reparatorio dentro del proceso penal promovido por el senador Waldo Fernández, luego de que se reconociera la existencia de una denuncia falsa en su contra.
La resolución fue avalada por un juez federal, quien determinó suspender el proceso por 18 meses bajo diversas condiciones, entre ellas el pago de una reparación del daño por más de tres millones de pesos.
Durante una audiencia de aproximadamente una hora, la autoridad judicial autorizó la salida alterna al proceso penal, lo que permitirá a Barrón abandonar la prisión preventiva en la que permanecía desde marzo.
El acuerdo también involucra a otras dos personas vinculadas al caso, quienes deberán cumplir medidas similares durante el periodo de suspensión.
Tras la resolución, el senador explicó ante medios que el objetivo central del proceso fue esclarecer los hechos y recuperar su reputación pública. “Defendí mi nombre y la verdad salió a la luz”, afirmó el legislador, al tiempo que detalló los alcances del acuerdo alcanzado con las personas imputadas.
Acuerdo reparatorio fija pago millonario y condiciones judiciales
Uno de los puntos principales del acuerdo es el pago de aproximadamente 3.2 millones de pesos como reparación del daño, monto que será cubierto en mensualidades cercanas a 179 mil pesos durante los 18 meses que durará la suspensión del proceso.
De acuerdo con lo expuesto por el senador, dicho monto corresponde a los gastos que tuvo que asumir durante la investigación, particularmente en materia de seguridad para su familia y defensa legal.
El legislador anunció que los recursos serán donados a causas sociales.
“Son cerca de tres millones doscientos mil pesos y los vamos a donar a la beneficencia pública”, señaló. Según explicó, la decisión fue tomada junto con su familia como una forma de devolver a la sociedad los recursos derivados del proceso.
Disculpas públicas y reconocimiento del daño
Como parte del acuerdo judicial, Barrón difundió una disculpa pública en la que reconoció las consecuencias de sus decisiones en el contexto político en el que ocurrieron los hechos.
En su mensaje admitió que las acciones emprendidas generaron afectaciones personales y familiares al senador.
En su posicionamiento, la exfuncionaria señaló que las decisiones tomadas “pusieron en riesgo algo que ninguna ambición política justifica: la honra, la tranquilidad y la integridad de una persona y de quienes la rodean”.
Asimismo, reconoció el impacto del caso y expresó: “Reconozco el daño causado por instrumentar un falso delito… Waldo Fernández González y su familia cargaron con consecuencias que nunca les correspondieron”.
Restricciones durante 18 meses de suspensión del proceso
La suspensión del procedimiento judicial implica una serie de medidas que deberán cumplir Barrón y los otros implicados para que el caso pueda cerrarse definitivamente al finalizar el plazo establecido por el juez.
Entre las principales condiciones destacan:
- Pago de 3.2 millones de pesos como reparación del daño en mensualidades.
- Prohibición de ocupar cargos públicos durante el periodo de suspensión.
- Disculpa pública dirigida al senador y difusión de mensajes sobre denuncias falsas.
- Prohibición de contacto con el legislador y restricciones para hablar del caso.
- Participación en acciones de sensibilización y prevención de conductas similares.
Además, se estableció la obligación de mantener residencia fija y cumplir con actividades comunitarias y campañas informativas relacionadas con el impacto de las denuncias falsas.
Waldo Fernández afirma que el caso buscó restablecer la verdad
Durante su mensaje, el senador subrayó que el proceso judicial estuvo enfocado en el derecho a la verdad y en la defensa de su reputación.
También señaló que el origen del conflicto estuvo vinculado con prácticas de guerra sucia en el ámbito electoral.
“El buen nombre de mi familia y de mis hijos es lo más importante”, expresó al referirse a las consecuencias que el caso tuvo en su entorno personal.
El legislador agregó que dentro de las medidas de no repetición se solicitó a las autoridades mejorar los protocolos para la atención de denuncias falsas, con el objetivo de evitar afectaciones similares a otros ciudadanos.
Caso podría extinguirse si se cumplen las condiciones
El expediente quedará en pausa durante un año y medio, periodo en el que el juzgado dará seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas.
Si las obligaciones se cumplen en su totalidad, el proceso penal podría extinguirse de forma definitiva.
De lo contrario, la causa judicial se reactivaría y continuaría su curso legal.
Por ahora, la resolución marca la salida de prisión de Barrón y el inicio de una etapa de supervisión bajo las condiciones establecidas por el juez.
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