
La falta de actas de nacimiento continúa siendo un obstáculo para que niñas y niños accedan a servicios de salud en comunidades rurales de Chiapas, donde el rezago en el registro civil persiste.
En este contexto, autoridades estatales mantienen campañas para garantizar el derecho a la identidad, mientras que investigaciones iniciadas en enero por la presunta venta de documentos a personas migrantes evidenciaron fallas en los controles institucionales y reforzaron la vigilancia en el sistema.
Rezago en el registro de nacimiento afecta atención médica de menores
En varias localidades con altos niveles de marginación, la ausencia de actas de nacimiento impide que menores reciban atención médica oportuna, sobre todo cuando requieren traslado a hospitales de especialidad.
La directora del Registro Civil en Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo, explicó que el problema tiene efectos directos en el acceso a derechos básicos.

“Hay niñas y niños que no pueden ser trasladados a hospitales por no contar con su acta”, señaló.
Además de la atención médica, la falta de registro limita el acceso a vacunación, seguimiento clínico y educación, lo que amplía la brecha de desigualdad en comunidades apartadas.
Campañas para garantizar actas de nacimiento gratuitas en Chiapas
Ante este panorama, el gobierno estatal impulsa desde el año pasado una campaña permanente de registro dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre cero y 17 años, con prioridad en los 13 municipios con mayores índices de pobreza.
La estrategia incluye la gratuidad del primer registro de nacimiento para habitantes de estas zonas y la coordinación con dependencias de salud, educación y cultura para ampliar la cobertura del servicio.

Estrada reiteró que el documento es fundamental para ejercer derechos básicos. “La primera acta de nacimiento es un derecho constitucional y es gratuita”, subrayó.
Caso detectado en enero: investigación por venta de actas a migrantes
El tema de la identidad legal cobró relevancia adicional en enero pasado, cuando autoridades de Chiapas iniciaron una investigación por la presunta expedición irregular de actas de nacimiento a personas extranjeras.
La indagatoria comenzó el 12 de enero, después de que una auditoría interna detectó anomalías en los sistemas utilizados para expedir y corregir documentos oficiales.
A partir de estos hallazgos, la Fiscalía estatal identificó a tres trabajadores del Registro Civil como presuntos responsables.
De acuerdo con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, los empleados habrían falsificado documentos oficiales para entregarlos a migrantes interesados en obtener identidad mexicana.
Los tres trabajadores fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en delitos como abuso de autoridad, asociación delictuosa y acceso ilícito a sistemas de información.
Mercado ilegal de documentos y medidas de control
Investigaciones periodísticas y testimonios de activistas han señalado que en el mercado ilegal de documentos en Chiapas un acta de nacimiento o matrimonio puede venderse entre mil 500 y 2 mil 500 dólares.
Este tipo de documentos, según los reportes, se utiliza para tramitar pasaportes o facilitar procesos migratorios.

Tras la detección del caso en enero, el Registro Civil estatal informó que realizó revisiones internas y activó protocolos para reforzar el control en la expedición de documentos, con el objetivo de evitar nuevas irregularidades.
Problemas que enfrentan personas sin acta de nacimiento
- Dificultades para recibir atención médica o ser trasladados a hospitales especializados.
- Obstáculos para acceder a esquemas de vacunación y seguimiento de salud.
- Limitaciones para inscribirse en escuelas o continuar estudios.
- Imposibilidad de acceder a programas sociales y apoyos gubernamentales.
- Falta de registros oficiales en casos de fallecimiento u otros trámites legales.
En este escenario, autoridades estatales han reiterado que fortalecer el registro oportuno de nacimientos y reforzar la supervisión en la emisión de documentos es clave para garantizar el derecho a la identidad y prevenir irregularidades en el sistema.
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