El colapso de un inmueble en proceso de demolición en San Antonio Abad 124, ocurrido el 9 de marzo y que dejó un saldo de tres trabajadores muertos, abrió un conflicto entre la alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno de la Ciudad de México sobre la responsabilidad en la supervisión de la obra.
El caso ha escalado a un intercambio público de acusaciones, centrado en la interpretación del “acuerdo de facilidades administrativas”, un mecanismo implementado tras el sismo de 2017 para acelerar la demolición de inmuebles con riesgo estructural.
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Alcaldía sostiene que CDMX debía autorizar y supervisar la demolición
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega afirmó que el Gobierno capitalino no solo autorizó la demolición, sino que también tenía la obligación de coordinarla y vigilar su ejecución.
Al presentar documentos oficiales, sostuvo: “Aquí no es de opiniones, es lo que está escrito en sus normas publicadas en la Gaceta Oficial (…) papelito habla”.
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De acuerdo con su interpretación, la Secretaría de Vivienda debía supervisar los trabajos, mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil debía garantizar la seguridad del inmueble y de las zonas aledañas.
“Ignoraron todas nuestras advertencias. No fue un error. Fue una decisión”, señaló la edil.
Gobierno capitalino rechaza acusaciones y apunta a la alcaldía
En contraste, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, rechazó que el acuerdo de facilidades modifique la distribución de responsabilidades establecida en la ley.
“En primer lugar, la vigilancia y verificación de demoliciones y construcciones corresponden a las alcaldías, con o sin acuerdo de facilidades”, afirmó.
El funcionario explicó que este mecanismo únicamente agiliza trámites administrativos, pero no sustituye la obligación de las alcaldías de supervisar obras y verificar condiciones de seguridad.
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Además, subrayó que dichas responsabilidades son “ineludibles e inobjetables”, por lo que la alcaldía no puede deslindarse de sus funciones.
Diferencias legales sobre el alcance del acuerdo de facilidades
El núcleo de la disputa radica en el alcance del acuerdo. Mientras la alcaldía sostiene que concentra facultades en dependencias del Gobierno central, la administración capitalina insiste en que no altera el marco legal vigente.
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La alcaldesa también denunció que se les habría impedido realizar inspecciones en demoliciones bajo este esquema, lo que —según dijo— limitó su capacidad de actuación preventiva.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad aseguró que notificó a la alcaldía sobre la solicitud de demolición y que los responsables debían cumplir requisitos como programas de Protección Civil, pólizas de seguro y dictámenes estructurales.
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Antecedentes: riesgos detectados y autorización posterior
Según la información disponible, el inmueble había sido identificado con al menos 10 riesgos graves tras una solicitud de demolición presentada en septiembre de 2025.
Aunque inicialmente se habría negado la autorización, días después se permitió el derribo mediante el esquema de facilidades, lo que ahora forma parte de los cuestionamientos sobre posibles omisiones en la evaluación del riesgo.
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Investigación en curso para deslindar responsabilidades
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició una investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Ambas partes han anunciado que presentarán pruebas documentales, en un caso que evidencia tensiones institucionales y posibles vacíos en la coordinación entre niveles de gobierno.
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Daños y afectaciones tras el colapso en San Antonio Abad
- Muerte de tres trabajadores durante labores de demolición
- Riesgo estructural extendido a inmuebles y áreas aledañas
- Afectaciones a la seguridad en la zona por falta de control en la obra
- Posibles daños materiales derivados del colapso del inmueble
- Impacto en la operación de servicios y tránsito en la zona
- Cuestionamientos sobre protocolos de protección civil y supervisión
El caso no solo pone en el centro la responsabilidad inmediata por el derrumbe, sino también la eficacia de los mecanismos diseñados para agilizar la reconstrucción, en un contexto donde la falta de claridad en las atribuciones puede traducirse en consecuencias fatales.
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