Amnistía Internacional México realizó un llamado a las autoridades capitalinas para que investiguen de manera exhaustiva la represión que vivieron las activistas trans de la colectiva ‘LLECA, escuchando la calle’, el pasado viernes 13 de febrero.
LLECA convocó a una protesta pacífica en Paseo de la Reforma, en respuesta a incumplimientos de acuerdos por parte del gobierno de la Ciudad de México; entre ellos se encontraban:
- Entrega de un nuevo inmueble para el refugio LLECA (que atiende a personas de la comunidad LGBTQ+ y personas en situación de calle).
- La creación de un centro especializado para rehabilitación y tratamiento de adicciones.
- Cumplimiento de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
- Acompañamiento a la familia de Vanessa, quien fue víctima de transfeminicidio en 2024, hasta que se dicte sentencia al responsable.
Durante la manifestación, activistas denunciaron ser golpeadas por policías y granaderos; además, diez personas trans fueron detenidas durante las acciones, una de ellas, Victoria Romero Sámano, directora de la colectiva.
Las personas detenidas fueron liberadas un día después de la represión, de acuerdo con un comunicado difundido por la Comisión de Derechos Humanos capitalina; además, señaló que durante la detención brindó acompañamiento y afirmó que “continuará dando seguimiento al caso en el ámbito de sus atribuciones”.
Tras la liberación, Romero Sámano compartió desde su cuenta en ‘X’ que “lo sucedido no fue una riña entre manifestantes y policías, hubo amenazas de detención por manifestarnos y un elemento de la Secretaría de Seguridad capitalina sacó la pistola y apuntó hacia compañeras; después vino la violencia”.
Además, denunció que, 48 horas después de las detenciones, el Mecanismo de Protección Federal no se había comunicado con las activistas, por lo que la colectiva LLECA decidió renunciar a este por “su nulo acompañamiento y falta de perspectiva para evaluar el riesgo que nos encontramos como mujeres trans de defensoras de derechos humanos”.
Ante esta situación, Amnistía Internacional México expresó que cuando una manifestación pacífica se reprime, se está vulnerando la libertad de expresión y reunión —derechos constitucionales— y “viola el deber del Estado de respetar y proteger la labor de defensa de derechos humanos, especialmente cuando se trata de mujeres trans que enfrentan contextos estructurales de discriminación y violencia”.
La organización internacional también instó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas "a fortalecer sus protocolos con un enfoque integral, interseccional y diferenciado, y a brindar acompañamiento inmediato y efectivo ante situaciones de riesgo".
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