
La desaparición y asesinato de trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, ocurrió en una zona donde autoridades federales ya habían documentado desde años atrás la operación de una célula vinculada a Los Chapitos, de acuerdo con informes militares.
Documentos elaborados por instancias federales entre 2018 y 2020, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya habían identificado el control territorial de operadores criminales en Concordia y municipios cercanos, así como la presencia de esquemas de extorsión y violencia en la región, elementos que hoy forman parte del contexto del caso relacionado con la minera canadiense Vizsla Silver.
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Quiénes integran la estructura criminal en Concordia

De acuerdo con archivos de Sedena que fueron filtrados por Guacamaya Leaks, y recién publicados por el periodista José Luis Montenegro, en octubre de 2020 las Fuerzas Armadas ya habían emitido un informe titulado “Problemática y panorama delictivo en el estado de Sinaloa”.
Este documento señala que, en la zona sur del estado (Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa), operaba de manera activa Gabriel Nicolás Martínez Larios (“El Gabito”), al servicio de la facción “Los Menores” o Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
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Además, los informes militares detallan la pugna por el control de los municipios entre Los Chapitos y otras células, como la encabezada por Concepción Velarde Martínez (“El Chonecas”), y la presencia de figuras como Jesús Eduardo Machado Osuna (“El Números” o “El 40”).
Mapas y gráficos incluidos en los reportes muestran de forma explícita la distribución de liderazgo criminal en la región y la identificación de los principales responsables de la violencia, extorsión y secuestros en la zona.
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Otro reporte de 2022 también identifica a Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”, y Eduardo Jonathan Martínez Larios, “El Owen”, como responsables directos en Concordia y Rosario.
Por otro lado, la periodista María Idalia Gómez también respalda esta versión, sin embargo, apunta que hay reportes de las autoridades que datan desde el 2018 que ya identificaban la estructura y el dominio territorial de “El Casco”, “El Gabito” y aliados.
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“La información sobre quiénes operaban en la zona era conocida por el Ejército al menos desde 2018. De acuerdo con los datos disponibles, las autoridades tenían plenamente identificados no solo a los responsables directos, sino también a las personas que formaban parte de la red de complicidad articulada en la zona sur de Sinaloa. Este caso muestra la capacidad criminal de los grupos de Joaquín Guzmán Loera y la consistencia de la información sobre su área de influencia”, dijo la periodista con Aristegui Noticias.
Control territorial, extorsión y violencia: la red criminal documentada

Los documentos y testimonios revisados tanto por José Luis Montenegro como María Idalia Gómez coinciden en que la estructura criminal de Los Chapitos no solo controlaba la cabecera municipal de Concordia, sino que extendía su influencia a Mazatlán, El Rosario y otras zonas estratégicas para el trasiego de drogas, extorsión y el manejo de actividades ilícitas como la minería ilegal.
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Las investigaciones documentan que, desde al menos 2020, El Casco y El Gabito han impuesto esquemas de extorsión a empresas mineras exigiendo pagos mensuales para permitir operaciones y, posteriormente, intentando aumentar las cuotas a la mitad de la producción, como habría sido el caso de la minera Viszla Silver.

La negativa de la empresa a acceder a dichas demandas habría derivado en el secuestro y asesinato de sus trabajadores, de acuerdo con fuentes federales y reportes de campo.
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Las láminas de Sedena muestran, además, que el control de la región por parte de Los Chapitos era tal que incluso las rutas y eventos oficiales del Ejecutivo federal consideraban riesgos por la presencia de estos grupos, y se implementaban operativos de seguridad especiales durante giras presidenciales en Mazatlán y Concordia.
Cazan al Casco, Gabito e Iván Archivaldo
María Idalia Gómez ha subrayado que actualmente hay una búsqueda activa de “El Casco” y “El Gabito”, con operativos en Michoacán, Nayarit, Sonora, Nuevo León y Jalisco.
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Según fuentes de seguridad citadas por la investigadora, agencias estadounidenses y fuerzas mexicanas han participado ya en al menos tres operativos cercanos para capturar también a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos.
Gómez explica que el aumento de cuotas de extorsión a empresas mineras y otras transnacionales es un acto desesperado de Los Chapitos ante el cierre de rutas por aire, mar y tierra impulsado por Estados Unidos. El endurecimiento de la presión internacional ha obligado a los grupos criminales a buscar nuevas fuentes de financiamiento local, especialmente en la minería.
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Gómez advierte que actualmente hay más de 20 proyectos mineros en exploración en la región, muchos de ellos con capital estadounidense y canadiense, que están bajo presión de extorsión y podrían verse cancelados por la inseguridad.
Por otro lado, al hablar de las fosas clandestinas de El Verde, en donde se halló a cinco de los 10 mineros desaparecidos del 23 de enero, Gómez menciona que podría haber más de cien cuerpos, víctimas de “El Casco” y su organigrama.
Acusó que los familiares de los mineros no han recibido autopsias completas ni información clara sobre la causa de muerte, mientras colectivos de búsqueda exigen transparencia y justicia.
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