El senador Mario Vázquez Robles, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un paquete de iniciativas dirigido a establecer la fiscalización en tiempo real y la transparencia total para todas las obras públicas financiadas con recursos federales.
El legislador señaló que la propuesta busca erradicar la corrupción, la opacidad y la impunidad, fenómenos que, de acuerdo con su diagnóstico, han provocado sobrecostos, fallas estructurales y accidentes en proyectos de infraestructura de relevancia nacional.
Eliminación de reservas de información y nuevas obligaciones de transparencia
Entre las disposiciones sobresalientes figura la eliminación de cualquier posibilidad de reservar información relacionada con el uso de dinero público, incluso bajo argumentos de seguridad nacional, lo que implicaría nuevas obligaciones de transparencia para todas las entidades responsables.
En caso de detectarse indicios de corrupción, sobrecostos injustificados o accidentes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendría la obligación de intervenir de inmediato, con atribuciones para revisar tanto obras en curso como ejercicios fiscales anteriores, sin necesidad de autorizaciones adicionales ni sujeción a barreras administrativas.
La iniciativa también contempla un fortalecimiento del control parlamentario, pues faculta a una quinta parte de los diputados a solicitar auditorías directas, en aras de un mayor equilibrio democrático y contrapeso entre poderes.
Consecuencias de la mala fiscalización y limitaciones de la ASF
Vázquez Robles advirtió que la deficiente fiscalización repercute directamente en la vida, la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.
“Cuando la fiscalización falla no solo se pierden recursos públicos. Se pierden oportunidades, se pierde confianza y, en el peor de los casos, se pierden vidas humanas”, según el senador.
El legislador expuso que la ASF, concebida como barrera contra el abuso en el manejo de fondos públicos, enfrenta limitaciones legales que le impiden auditar obras en ejecución sin autorización o acceder a información reservada, lo que restringe su actuación a etapas posteriores a la ocurrencia de sobrecostos o accidentes.
Casos emblemáticos y deficiencias documentadas
En el análisis presentado se destacó el caso documentado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, incidente en el que fallecieron alrededor de 14 personas y resultaron lesionadas decenas más, como parte de un patrón de eventos que, según el senador, “no deben limitarse a explicaciones parciales o superficiales sin una investigación que abarque posibles fallas estructurales”.
Vázquez Robles sostuvo que “cuando ocurre un accidente en una obra pública financiada con recursos del pueblo, el Estado tiene la obligación de investigarlo todo, no solo lo conveniente”.
Desde 2018, la administración federal ha orientado inversiones hacia megaproyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Los informes de la ASF han documentado deficiencias sistemáticas en la planeación, contratación y comprobación del gasto en esas obras, sumando sobrecostos superiores a los 670 mil millones de pesos, así como modificaciones contractuales constantes, pagos en exceso e información fragmentada o clasificada.
Reformas constitucionales y fortalecimiento de la supervisión
Las iniciativas proponen reformar los artículos 6 y 79 de la Constitución y diversas leyes secundarias, con el objetivo de prohibir la reserva de información sobre el ejercicio de recursos públicos bajo cualquier circunstancia.
También buscan asegurar que la ASF pueda intervenir de manera inmediata ante irregularidades y robustecer las facultades de supervisión del Congreso.
El Grupo Parlamentario del PAN enfatizó que estas reformas no suponen un rechazo a la obra pública, sino un respaldo a los proyectos bien gestionados, planificados rigurosamente, ejecutados con honestidad y que cumplen su función social sin inflar costos ni ocultar errores.
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