En la primera sesión del año de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Hugo Aguilar fijó una postura institucional frente a los acontecimientos recientes en el ámbito internacional.
Sin mencionar países de manera explícita, su mensaje se dio en un contexto marcado por la escalada de tensiones en Venezuela y el debate global sobre la legitimidad de las intervenciones entre Estados.
El énfasis fue claro: las diferencias deben resolverse con base en la ley y no mediante la fuerza.
Aguilar subrayó que esta convicción no es individual, sino compartida por todas las ministras y ministros del máximo tribunal.
En su intervención, remarcó la necesidad de confiar en el marco jurídico que las naciones se han dado para dirimir sus conflictos y construir sociedades más justas, dignas y en paz.
La postura del ministro Hugo Aguilar
El ministro destacó que el derecho es el principal instrumento para la convivencia pacífica, tanto a nivel interno como internacional.
Desde su perspectiva, el respeto a las normas jurídicas es indispensable para evitar que prevalezcan relaciones basadas en la imposición y el poder.
En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de permitir que la fuerza sustituya a la ley.
Durante su mensaje, Aguilar hizo un llamado a reafirmar la fe en el orden jurídico como base para el bienestar colectivo.
“No podemos permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte el que impere”, señaló, al convocar a que las reglas existentes sean el medio para resolver diferencias entre comunidades, entidades federativas, países y bloques internacionales.
Un mensaje con alcance internacional
Aunque no aludió directamente a ningún caso específico, las palabras del ministro se produjeron en medio de un escenario internacional complejo, particularmente por la situación en Venezuela.
En las últimas semanas, la crisis se ha intensificado tras la intervención de Estados Unidos y la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, hechos que han provocado reacciones en diversos foros internacionales y han reavivado la discusión sobre la estabilidad política y la seguridad regional en América Latina.
Este episodio se suma a una prolongada crisis institucional y humanitaria en Venezuela, marcada por el desconocimiento de procesos electorales, denuncias de violaciones a los derechos humanos y el deterioro de las condiciones de vida de la población.
Las consecuencias de estos acontecimientos colocaron nuevamente al país sudamericano en el centro de la agenda diplomática global.
Derecho internacional y llamados al diálogo
Ante este contexto, distintos gobiernos y organismos multilaterales han insistido en privilegiar el diálogo, la negociación y el respeto al derecho internacional para evitar una mayor escalada de tensiones.
Espacios como la Organización de las Naciones Unidas y mecanismos regionales han abordado la situación venezolana con el objetivo de explorar rutas para una salida política que contribuya a la paz y la estabilidad regional.
En línea con estos llamados, el pronunciamiento de la SCJN refuerza la idea de que el marco jurídico internacional debe ser la vía para resolver disputas entre Estados.
Para Aguilar, confiar en las reglas acordadas es una condición necesaria para preservar la convivencia pacífica y el respeto entre naciones.
El papel de la SCJN como garante del orden constitucional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo tribunal constitucional de México, desempeña un papel clave en la defensa de la legalidad y los derechos humanos.
Su función es revisar y controlar que las actuaciones del Estado se apeguen a la Constitución y a los tratados internacionales, actuando como contrapeso institucional.
Entre sus principales responsabilidades destacan:
- Garantizar la supremacía constitucional frente a leyes o actos de autoridad.
- Proteger los derechos humanos bajo el principio pro persona.
- Revisar la legalidad y constitucionalidad de normas y decisiones gubernamentales.
- Resolver controversias entre poderes y órdenes de gobierno.
- Conocer juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad.
Con este marco, el mensaje de Hugo Aguilar adquiere un peso simbólico e institucional.
Al iniciar el año judicial, la SCJN se pronuncia a favor del derecho como herramienta para la paz y rechaza cualquier forma de imposición que pretenda sustituir la legalidad por la fuerza, reafirmando su compromiso con el orden jurídico tanto en el ámbito nacional como en su visión del escenario internacional.
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