Acusaciones de lavado de dinero y terrorismo contra dos periodistas cuestiona la promesa de libertad de expresión en México

Cuando en 2018 el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegó al poder, sus miembros, principalmente el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguraron que con ellos cambiarían muchas cosas en las que los gobiernos anteriores habían fallado, incluyendo la libertad de expresión.

En noviembre de 2018, como presidente electo, AMLO afirmó que respetaría la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, pues, dijo, no aspiraba a convertirse en un dictador, aunque, aseguró, siempre haría uso de su derecho de réplica.

El exmandatario se comprometió, en esa ocasión, a respetar la libertad de expresión.

Más recientemente, el 13 de noviembre pasado, la presidenta en turno Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el gobierno de México no reprime, censura o limita la libertad de expresión, y al contrario, se defiende, ya que “sin libertad no hay democracia, y sin democracia no hay justicia”.

Sin embargo, durante estos siete años, se han registrado diversos hechos que han puesto en duda estas declaraciones.

En la actualidad hay dos casos específicos que ponen en duda esta promesa de la 4T. Estos casos ocurren en Veracruz y Puebla, estados gobernados por Rocío Nahle y Alejandro Armenta respectivamente, ambos pertenecientes a Morena.

El jueves pasado se dio a conocer que el periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y posteriormente, fue imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de Seguridad Pública.

Estos señalamientos fueron condenados enérgicamente por la organización Artículo 19, misma que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

En un comunicado, la oficina de Artículo 19 México y Centroamérica informó que documentó la detención de León Segobia, al tiempo que condenó enérgicamente la “criminalización que enfrenta por su labor como periodista”.

Se relató que el 24 de diciembre, al reportero se le notificó la imputación de delitos sumamente graves: terrorismo y delincuencia organizada. La organización aseguró que la investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura de nota roja que desarrolla en Coatzacoalcos, Veracruz.

Explicó que, por ahora, León Segovia se encuentra en “prisión preventiva en lo que se define su situación jurídica” mediante una audiencia, misma que se llevará a cabo el 30 de diciembre.

“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, apuntó Artículo 19.

Aunque la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer los hechos específicos que sustentan las acusaciones contra el periodista, medios de comunicación en la entidad han dado a conocer los posibles cargos contenidos en el expediente 718/2025.

La detención se llevó a cabo con base en una orden judicial, aunque organizaciones de periodistas han cuestionado la medida y señalan que podría estar vinculada con el ejercicio profesional de León Segovia.

Los cargos que se le imputan estarían relacionados con actividades propias del periodismo, donde tiene que tomar fotos y realizar entrevistas relacionadas con la escena del crimen.

El periodista es reconocido por cubrir hechos policiacos y colabora con diversos medios locales, donde documenta escenas de violencia y realiza entrevistas en el lugar de los hechos.

Cabe destacar que el delito de Terrorismo, por el que se le acusa a León Segovia, para ser tipificado de esa manera, tiene que estar relacionado con temas de ideología o cuestiones religiosas, de acuerdo con una explicación realizada por el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch.

Fue el pasado mes de octubre cuando Harfuch hizo esta declaración, luego de que explotaran dos autos bomba en Acámbaro y Jerécuaro, en Guanajuato, lo que se tomó como un acto terrorista por varios sectores de la sociedad.

“En estas agresiones que hubo en Guanajuato, esto es por una disputa de territorio, esto es por droga; el terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera.

“Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. (...) Es decir, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo, y son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos”, puntualizó en esa ocasión el secertario de Seguridad.

Caso Rodolfo Ruiz, uno más que ataca la libertad de expresión en México

Otro caso similar ocurrió en el estado de Puebla, luego de que Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-Consulta, fuera vinculado a proceso por un juez de control en el marco de una causa iniciada por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con esta determinación judicial, el proceso penal en su contra en contra del periodista se mantiene abierto y sujeto a una etapa de investigación complementaria (45 días) además de que se le imponen medidas cautelares que limitan su movilidad y lo obligan a comparecer periódicamente ante la autoridad.

Artículo 19 también se pronunció sobre este caso. La organización dijo que la decisión representa una escalada en el acoso judicial previamente documentado por ellos, misma que desde el inicio del procedimiento alertó sobre el uso indebido del derecho penal en contra del periodista.

Se explicó que la vinculación a proceso se produjo pese a que la defensa ha sostenido la licitud de los ingresos de Ruiz y ha señalado diversas irregularidades procesales, entre ellas, obstáculos para acceder de manera plena y oportuna a la carpeta de investigación, “lo que compromete el derecho a una defensa adecuada”.

Artículo 19 señaló que el origen del proceso contra Rodolfo Ruiz se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del estado de Puebla, incluidas estancias de procuración de justicia.

“La reactivación y judicialización del caso ocurre en un escenario donde el periodista ha investigado directamente a la institución que hoy lo acusa, lo que genera preocupaciones legítimas sobre represalias, conflicto de interés y uso indebido del poder”.

Artículo 19 aseguró que “el uso de figuras penales complejas, como los delitos financieros contra periodistas críticos constituye una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos, en tanto busca desgastar, intimidar y disuadir la labor informativa mediante procesos largos, costosos y estigmatizantes, aun cuando no exista una sentencia condenatoria”.

La vinculación a proceso en contra de Ruiz por hechos relacionados con su actividad periodística, tiene un efecto inhibidor que trasciende a la persona directamente afectada, aseguró la organización, y dijo que este tipo de acciones envían un mensaje intimidatorio al gremio periodístico y a la sociedad en general, al normalizar el uso del aparato penal como respuesta a investigaciones incómodas para el poder.