Las sanciones impuestas a partidos políticos por prácticas indebidas en materia de afiliación y desafiliación ciudadana dominaron la atención durante la sesión ordinaria más reciente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
La suma total de las multas alcanza los 9 millones 693 mil 574 pesos y se distribuye entre cinco formaciones nacionales.
Destacaron especialmente las penalizaciones dirigidas al partido Morena, con 5 millones 851 mil 334 pesos, y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien deberá pagar 2 millones 739 mil 3 pesos.
Otros multados incluyen al Partido Acción Nacional (PAN), con 61 mil 773 pesos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 856 mil 780 pesos, y Movimiento Ciudadano, con 184 mil 682 pesos.
Las sanciones del INE revelan rezagos en la transparencia partidista
El origen de estas sanciones radica en la resolución de 54 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS) relacionados principalmente con afiliaciones o desafiliaciones indebidas a los partidos, evidenciando la persistencia de irregularidades en la gestión de los padrones de militancia.
El análisis del INE precisó que 40 de estos casos involucraron a setenta y tres personas y cinco partidos nacionales, mientras que los catorce expedientes restantes fueron resultado de observaciones internas y externas sobre otras infracciones a la normativa electoral.
El control de la afiliación ciudadana a partidos políticos
Al justificar las multas, la autoridad electoral expuso que los partidos fallaron en demostrar que las afiliaciones o desafiliaciones ocurrieron con el consentimiento expreso de los ciudadanos involucrados.
“Vulneraron el derecho de libre afiliación o desafiliación de las personas denunciantes, al no aportar los elementos para comprobar que éstas se hayan hecho con el consentimiento de la ciudadanía”, determinó el colegiado.
En el mismo contexto de resoluciones, el INE declaró extinguida su potestad sancionadora en ocho asuntos.
Por su parte, el consejero electoral Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, indicó que, de los 257 procedimientos ordinarios que se habían acumulado, hasta la fecha se han solucionado 199, para un avance del 77% en la resolución del rezago.
El pleno del Consejo General también acordó, por unanimidad, la designación de Blanca Cecilia Martínez Escobedo como Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), con mandato de siete años a partir del 19 de diciembre de 2025.
Durante la sesión, se presentó además el informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para 2025.
De acuerdo con el documento, los mayores riesgos presupuestales ordinarios recaen sobre las entidades de Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Por su parte, Guerrero y Yucatán se clasifican con riesgo medio, mientras que diecisiete estados no presentan amenazas para la operación de sus organismos electorales.
En materia de equidad, el Consejo General revisó el informe sobre las pautas de valoración aplicadas a la integración de los consejos electorales, orientadas a favorecer el acceso de personas en situación de discriminación.
El documento hace énfasis en los avances en la representación indígena, afromexicana y de las diversidades sexuales y de género, aunque advierte sobre las tareas pendientes con personas con discapacidad, mayores y jóvenes.
Entre las recomendaciones formuladas, el informe sugiere la implantación de un estándar institucional permanente, que sea evaluado periódicamente y respalde la diversidad en los órganos de decisión.
El consejero Martín Faz resumió la importancia de este mecanismo inclusivo, afirmando: “Las pautas de valoración vigentes, sí están contribuyendo a mover la integración de los órganos colegiados con mayor idoneidad”.
Finalmente, el Consejo General recibió el informe final de actividades de la Presidencia de la Comisión de Organización Electoral de 2025.
El reporte señala que la comisión abordó 52 temas prioritarios durante el año, entre los que figuran la aprobación del Programa Anual de Trabajo 2025, el desarrollo y difusión del Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024, la discusión sobre la viabilidad y estrategia del voto electrónico para el periodo 2025-2036, la destrucción de documentos electorales del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y la evaluación de los ensayos de voto anticipado.
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