Congreso CDMX avala endurecer sanciones para combatir violencia de género

El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso relevante en la lucha contra la violencia de género al aprobar en comisiones un dictamen que reforma el Código Penal local y la Ley de Cultura Cívica, con el objetivo de fortalecer la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito sexual como familiar.

Esta decisión responde a una realidad alarmante: según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021, el 76,2 % de las mujeres mayores de 15 años en la capital ha enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, siendo la violencia sexual la más frecuente, con un 64,5 % de incidencia vitalicia y un 28,7 % en el último año.

En el dictamen, aprobado por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, se incorporaron propuestas de redacción de las diputadas Cecilia Vadillo Obregón y Yolanda García Ortega, así como de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Además, la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública emitió una opinión favorable al proyecto.

El diputado Alberto Martínez Urincho (Morena), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó que la iniciativa para reformar los artículos 176, 177 y 178 del Código Penal fue presentada por la diputada Cecilia Vadillo Obregón (Morena), con el propósito de actualizar la legislación en materia de sanción del abuso sexual, dotándola de perspectiva de género y sensibilidad hacia la diversidad sexual.

Martínez Urincho afirmó que la reforma “representa un avance indispensable en la lucha contra la violencia de género, al incorporar una perspectiva de género interseccional y de derechos humanos”, y subrayó que la violencia contra las mujeres tiene un impacto social profundo, más allá de las víctimas directas.

Por otra parte, la reforma impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, busca fortalecer la definición y sanción de conductas violentas en contextos familiares y de pareja, incluyendo medidas reeducativas dirigidas a los agresores para transformar patrones culturales, además de las sanciones penales. Según Martínez Urincho, estas modificaciones permitirán “fortalecer la capacidad del Estado para actuar” y modernizar los marcos conceptuales que rigen la protección de las mujeres.

Durante la discusión, la diputada Vadillo Obregón destacó la importancia de atender la violencia dentro de la familia y en el noviazgo, que afecta especialmente a mujeres jóvenes que no conviven con sus parejas y sufren agresiones. Insistió en la necesidad de terminar con la impunidad en los delitos sexuales mediante un marco jurídico adecuado.

La legisladora Elizabeth Mateos Hernández (Morena) sostuvo que las leyes deben responder a la realidad actual y que el dictamen “verifica conceptos, moderniza definiciones y fortalece la capacidad del Estado para actuar”, al tiempo que advirtió que existen conductas que ya no pueden abordarse con marcos conceptuales obsoletos.

No obstante, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN) se abstuvo de votar, argumentando que “la punitividad estadísticamente está demostrado que no sirve, porque si la procuración de justicia no es eficiente y si tenemos más del 90 % de casos que no llega a tener ningún juicio, podemos ampliar y ampliar penas y por allí jamás estará la respuesta”.

Por su parte, la diputada Patricia Urriza Arellano (MC) señaló que los círculos de violencia han crecido en lugar de reducirse y recordó que el punitivismo no es una visión de izquierda, motivo por el cual su partido no apoyó el dictamen.

La diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) expresó que el dictamen debió dividirse en varios, ya que abarca diversos temas, y advirtió que al incluir la violencia familiar podría aumentar los casos de violencia vicaria y familiar, o revictimizar a las mujeres afectadas.

Finalmente, la legisladora Yuriri Ayala Zúñiga (Morena) refrendó su respaldo al dictamen, resaltando que la Ciudad de México se caracteriza por garantizar los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de las mujeres, y aseguró que la reforma fortalecerá las instituciones y la defensa de sus derechos.