De redes en Los Ángeles a informantes: así armó EEUU su caso contra Los Chapitos, que terminó con Rocha Moya y otros 9 funcionarios acusados

El lunes 12 de mayo de 2026, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó la frontera por Nogales y se entregó a las autoridades estadounidenses. Días después, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del mismo gobierno, viajó desde Europa hasta Nueva York para ponerse a disposición de la justicia federal. Ambos son los primeros integrantes del gabinete del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en quedar bajo custodia estadounidense, acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir cantidades masivas de narcóticos en Estados Unidos.

Su entrega no fue un hecho aislado. Fue el último eslabón visible de una investigación que tardó más de ocho años en construirse, que comenzó con células de tráfico relativamente pequeñas en Los Ángeles y que escaló, paso a paso, hasta alcanzar los niveles más altos del gobierno del estado mexicano de Sinaloa.

El expediente que los tiene acusados lleva el número S9 23 Cr. 180 y fue abierto en el Distrito Sur de Nueva York. Hoy incluye a 38 personas: los líderes del Cártel de Sinaloa conocidos como Los Chapitos, sus operadores, proveedores internacionales, lavadores de dinero y diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, encabezados por Rubén Rocha Moya.

Cómo empezó todo: células en Los Ángeles, infiltrados y los primeros cargos

La historia del caso no empieza en 2023, cuando el Departamento de Justicia anunció con bombo y platillo los cargos contra Los Chapitos. Empieza varios años antes, en California.

En agosto de 2018, fiscales federales del Distrito Central de California anunciaron los resultados de la Operación Narconetas, una investigación de tres años dirigida por el FBI y la DEA que desarticuló tres organizaciones de tráfico vinculadas al Cártel de Sinaloa en el área metropolitana de Los Ángeles.

Las células recibían cargamentos de cocaína, heroína y metanfetamina desde el norte de México, los ocultaban en compartimentos secretos de vehículos, latas de sopa y avionetas, y los distribuían desde California hasta estados como Nevada, Arizona, Kansas y Minnesota. El operativo dejó 57 acusados formales, 22 arrestos iniciales y decomisos de casi una tonelada de cocaína, 850 libras de metanfetamina y 93 libras de heroína. Treinta y cinco de los acusados se encontraban prófugos y se creía que la mayoría estaban en México.

Aunque la Operación Narconetas no es el origen directo del caso 23-CR-180, sí ilustra algo relevante: desde al menos 2015, las agencias federales estadounidenses ya mapeaban con detalle las redes logísticas del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense, identificaban a los operadores que movían la droga y seguían el rastro del dinero de vuelta a México.

Mientras eso ocurría en Los Ángeles, la DEA construía en paralelo una infiltración mucho más profunda. Tres personas operaron dentro del círculo cercano de Los Chapitos entre 2017 y 2022, pasando información a la agencia antidrogas estadounidense. Sus identidades fueron reveladas durante una audiencia celebrada el 7 de marzo de 2023, cuando Ovidio Guzmán López fue notificado de los nuevos cargos en su contra.

El primero era Miguel Alonso Payán, originario de Culiacán, quien formó parte del grupo de seguridad de Ovidio Guzmán. Payán documentó para la DEA la existencia de un laboratorio clandestino de fentanilo en Aguapetito, una localidad del municipio de Navolato, Sinaloa. La entrada al laboratorio podía cubrirse con tierra y ramas para evitar su detección desde el aire. Adentro había estufas y prensas para fabricar pastillas. Según sus informes, el cártel enviaba entre 400,000 y 500,000 pastillas de fentanilo mensualmente a la frontera en aviones pequeños.

En 2019, tras lesionarse un brazo, Payán fue reasignado al transporte de droga desde Sinaloa hacia Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales y Sonorita. Se retiró de la organización en 2021. La DEA monitoreó sus comunicaciones telefónicas durante todo ese periodo.

El segundo era Juan Carlos Arce Cabrera, distribuidor de narcóticos que también operó entre 2017 y 2022. En mayo de 2022, Arce asistió a una reunión en el rancho de La Anona, en Culiacán, donde conoció a Ovidio Guzmán. El lugar estaba resguardado por decenas de sicarios armados con rifles y lanzagranadas. La reunión tenía que ver con la compra de fentanilo. Arce fotografió el encuentro y entregó las imágenes a la DEA.

El tercero era identificado únicamente como “NN”, cuya identidad no fue revelada ni al gobierno mexicano en el expediente de extradición de Ovidio. A diferencia de los otros dos, “NN” habría sido colocado por la propia DEA como elemento externo dentro de las redes del cártel. Se desempeñó como administrador de las bodegas de droga que Los Chapitos mantenían en California. En su testimonio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el 27 de enero de 2023, “NN” declaró haber enviado aproximadamente 24 millones de dólares a Los Chapitos como parte de las ganancias generadas por la distribución de drogas en Ohio, Michigan, Minnesota, Nueva York y Massachusetts.

Fue con esa base de inteligencia —tres años de infiltración, fotografías, grabaciones, testimonios y seguimiento de comunicaciones— que los fiscales del SDNY construyeron el primer gran caso público contra Los Chapitos.

En febrero de 2019, el Departamento de Justicia anunció la primera acusación formal contra dos hijos de El Chapo: Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Un solo cargo: conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde abril de 2008 hasta abril de 2018. La investigó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Arizona y el caso fue asignado al juez federal Rudolph Contreras en Washington DC. Era una acusación modesta comparada con lo que vendría, pero estableció por primera vez en un documento judicial que los hijos de El Chapo.

El 14 de abril de 2023, el fiscal federal Damian Williams anunció en Nueva York la gran acusación contra la red de Los Chapitos. El caso 23-CR-180 imputaba a 28 personas por tráfico de fentanilo, posesión de armas y lavado de dinero: los tres líderes Chapitos, sus jefes de seguridad, operadores, lavadores de dinero y cuatro proveedores de precursores químicos en China.

La directora de la DEA, Anne Milgram, declaró ese día que la agencia había logrado “un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización” durante el año y medio previo. Las penas para la mayoría de los acusados: cadena perpetua obligatoria.

Las caídas que construyeron el caso

A partir de ese momento, cada detención, cada extradición y cada acuerdo de cooperación agregó una pieza nueva al expediente y lo empujó hacia arriba, hacia los niveles políticos que hasta entonces no habían sido tocados.

En enero de 2023, Ovidio Guzmán López fue detenido en Jesús María, municipio de Culiacán, en un operativo que desató enfrentamientos que dejaron 10 militares y 19 presuntos miembros del cártel muertos. En septiembre de 2023 fue extraditado a Estados Unidos. El 11 de julio de 2025, Ovidio se declaró culpable ante un tribunal federal en Chicago y acordó cooperar con el gobierno estadounidense. Su cooperación formal es uno de los pilares sobre los que descansa el caso actual. El hijo menor de “El Chapo” aún aguarda que le dicten sentencia.

Ese mismo mes, octubre de 2023, ocurrió uno de los episodios más graves documentados en el expediente. Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, coordinó el secuestro de Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA identificada en el expediente como “la FC”, y de un familiar. Bajo las órdenes de Millán, agentes municipales en una patrulla detuvieron a Meza León y a otra víctima, los secuestraron y los entregaron a sicarios del cártel, quienes los torturaron y asesinaron. Entre las víctimas de esa operación había un menor de 13 años. El operativo fue ordenado directamente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar en represalia por la información que Meza León había proporcionado a la DEA sobre las actividades de Los Chapitos. Ese hecho específico es el que llevó a los cargos adicionales de secuestro con resultado de muerte contra Millán, el único acusado del grupo de funcionarios que enfrenta cadena perpetua obligatoria por ese cargo.

En noviembre de 2023, Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe del aparato de seguridad y sicarios de Los Chapitos, fue arrestado en Culiacán. Fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024 y enfrenta cargos en el SDNY y en el Distrito de Columbia.

En julio de 2024 ocurrió uno de los giros más inesperados del caso. Joaquín Guzmán López, uno de los líderes Chapitos, entregó a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses. Zambada fue trasladado a EU en una operación que desató la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos que desde entonces ensangrienta Sinaloa. El 1 de diciembre de 2025, Joaquín Guzmán López se declaró culpable y acordó cooperar con el gobierno de EEUU.

Fue también durante la investigación cuando la DEA obtuvo en México uno de los elementos más concretos del caso contra los funcionarios sinaloenses: las listas de sobornos mensuales que Los Chapitos enviaban al jefe de plaza de Culiacán.

En septiembre de 2024, las autoridades mexicanas arrestaron en Culiacán a Martín Zazueta Pérez, alias “El Piyi”, jefe de seguridad que trabajó directamente con Los Chapitos, y a Kevin Gil Acosta, alias “El 200”. Ambos fueron transferidos a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025 y comparecieron en Manhattan al día siguiente. Según Milenio, sus declaraciones reforzaron las acusaciones y aportaron datos concretos sobre la presunta colusión entre el cártel y el gobierno de Sinaloa.

Fue con esa cadena de cooperaciones que el caso dio el salto definitivo de la estructura criminal a la estructura política. El 29 de abril de 2026, el fiscal Jay Clayton presentó la acusación de reemplazo S9 23 Cr. 180 que incorporó a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa al mismo expediente.

La acusación sostiene que Rocha Moya negoció el apoyo de Los Chapitos para ganar la gubernatura en 2021 a cambio de protección institucional, que el cártel intervino en las elecciones mediante secuestros e intimidación de candidatos opositores, y que una vez en el cargo, Rocha Moya permitió que Los Chapitos colocaran funcionarios corruptos en todos los niveles del gobierno estatal.

Mérida y Díaz son los primeros de ese grupo en estar bajo custodia estadounidense. La entrega de ambos apunta a que el patrón se repetirá: cada nuevo cooperante construye el caso hacia arriba.

En tanto, Rocha Moya permanece en México. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido pruebas contundentes antes de actuar y rechazó la solicitud de detención provisional presentada por EEUU.

El Cártel de Sinaloa fue designado organización terrorista por el presidente Donald Trump. Su fundador, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.