César Duarte seguirá preso: juez ordena dejarlo en El Altiplano por nuevas acusaciones de lavado de dinero

La jueza de control María Jazmín Ambriz López impuso prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de presunto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución se dio tras una audiencia inicial de más de 14 horas, la cual concluyó la madrugada del 10 de diciembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Duarte, detenido nuevamente el 8 de diciembre en Chihuahua y trasladado al Penal del Altiplano, permanecerá recluido mientras avanza el proceso penal. Su ingreso formal al penal se registró a la 01:40 horas del 9 de diciembre, horas antes de que iniciara la formulación de imputación.

FGR acusa desvío de casi 97 millones de pesos y lavado mediante empresas propias

La FGR imputó a Duarte el presunto desvío de 96.6 millones de pesos durante su administración estatal (2010–2016). De ese monto, 73.9 millones de pesos habrían sido introducidos al sistema financiero mediante ocho operaciones bancarias, lo que sustenta el señalamiento por lavado de dinero.

Los recursos habrían sido transferidos desde la Secretaría de Hacienda estatal hacia dos compañías vinculadas directamente al exmandatario:

• Unión Ganadera Regional División del Norte
• Financiera de la División del Norte SOFOM

De acuerdo con la FGR, Duarte era accionista mayoritario y presidente del consejo de ambas. La imputación incluye un robusto paquete probatorio: 120 datos de prueba, entre ellos dictámenes contables, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes bancarios.

La FGR también expuso que los recursos desviados fueron canalizados posteriormente hacia otras empresas del círculo cercano de Duarte, como Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos, El Saucito de Balleza e Hidroponia El Parral, así como a cuentas vinculadas a su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

En la presunta red de desvío figura Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario estatal y señalado como operador financiero en los esquemas que habrían permitido dispersar los fondos a empresas relacionadas con Duarte.

Lo ocurrido en la audiencia inicial: defensa, reclamos y decisión judicial

Durante la audiencia, Duarte se reservó su derecho a declarar. Al proporcionar sus datos generales, refirió una discapacidad motriz derivada de cirugías de columna y comentó que hablaba lengua tarahumara, lo que originó un breve receso para gestionar un intérprete. Finalmente aclaró que no lo necesitaba, pues domina el español.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Ríos, solicitó cancelar la orden de aprehensión. Alegó que la nota diplomática enviada a Estados Unidos en 2024 para solicitar autorización para procesarlo por esta nueva imputación no se encontraba en la carpeta y que la respuesta estadounidense, fechada el 2 de diciembre de 2025, carecía de los elementos formales indispensables: sello, número de causa, apostilla y firma reconocida.

La jueza María Jazmín Ambriz López desestimó los argumentos. Sostuvo que no posee facultades para invalidar una orden librada por otro juzgador y confirmó la legalidad de la detención. Debido al riesgo procesal señalado por el Ministerio Público, determinó imponer prisión preventiva justificada.

Próximos pasos judiciales: audiencia de vinculación a proceso

La orden de captura, emitida el 16 de mayo de 2024, tardó más de un año en ejecutarse debido a que dependía del permiso del Gobierno de Estados Unidos, ya que Duarte había sido extraditado anteriormente por otros delitos. La autorización estadounidense llegó finalmente el 4 de diciembre de 2025, lo que permitió activar la nueva imputación.

Sobre esa línea, se determinó que la audiencia para definir si Duarte será vinculado a proceso está programada para el fin de semana del 14 y 15 de diciembre de 2025nuevamente en el Centro de Justicia Penal Federal.