
El Poder Judicial del Estado de México resolvió este jueves la vinculación a proceso de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su probable responsabilidad en la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, cuyo paradero permanece desconocido desde el pasado 2 de octubre.
Ambos imputados permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial, según lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a través de un comunicado.
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La audiencia, celebrada en los Juzgados de Tlalnepantla, se extendió por más de ocho horas y giró en torno a la presentación de pruebas recabadas por el Ministerio Público. Los fiscales centraron su caso en la evidencia obtenida a través de videograbaciones, testimonios y peritajes forenses.
Las pruebas clave

De acuerdo con la FGJEM, el análisis de los videos captados por las cámaras del C4 del Estado de México permitió establecer que Gabriel Rafael “N” siguió a la joven por calles de la colonia San Miguel Chamapa la tarde del 2 de octubre.
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En las imágenes se observa que la adolescente es conducida hasta un vehículo Volkswagen sedán, color gris, conducido por Paulo Alberto “N”, quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas. Basándose en estos registros, la fiscalía concluyó que ambos imputados privaron de la libertad a la menor para ocultar su paradero. El automóvil gris ha sido identificado como propiedad de Paulo Alberto “N”.
Información dada a conocer por Nmás señala que, según los avances de la investigación divulgados por la fiscalía, al inspeccionar el taller de torno de Gabriel Rafael “N” se hallaron unas botas con manchas hemáticas.
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El análisis genético realizado por peritos confirmó que la sangre en las botas y el automóvil correspondería a Kimberly Moya. En los videos se observa que Gabriel Rafael “N” usó las botas durante el día de los hechos.
Durante la audiencia, los imputados se reservaron el derecho a declarar. La fiscalía sostuvo que ambos sujetos no han proporcionado información sobre el paradero de la menor. La jueza justificó la medida cautelar de prisión preventiva argumentando riesgos para la víctima y la sociedad, así como posibles actos de obstaculización de la investigación si los acusados enfrentaran el proceso en libertad.
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La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares establece penas de entre 25 y 50 años de prisión para quienes incurran en esta conducta ilícita, aumentando la sanción cuando la víctima es adolescente, mujer o pertenece a grupos vulnerables.
La FGJEM subrayó que ambas figuras jurídicas son aplicables al caso de Kimberly Hilary Moya y enfatizó la presunción de inocencia de los acusados hasta que se emita una sentencia.
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Sigue búsqueda de Kimberly
La madre de la joven, Jacqueline Hernández, aseguró en una entrevista con Milenio que ella no busca venganza, sino que le digan en dónde está su hija, esto luego de las acusaciones de familiares de los detenidos que aseguran que ellos son chivos expiatorios: “Nosotros no estamos con odio ni con deseos de venganza”, subrayó.
Hernández insistió en que falta información oficial sobre el destino de Kimberly y pidió que cualquier dato relevante sea comunicado a la fiscalía. En entrevista con Adela Micha también afirmó que su corazón de madre le dice que su hija sigue viva.
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La desaparición de Kimberly Hilary Moya ocurrió después de que la adolescente saliera de su domicilio rumbo a un cibercafé en la colonia San Rafael Chamapa. Fue reportada como desaparecida ese mismo día, generando movilizaciones de búsqueda y manifestaciones vecinales en la zona.
Por el momento, las autoridades estatales no han dado a conocer datos sobre el paradero de la adolescente, aunque mantienen activa una célula de investigación y búsqueda bajo la premisa de que la joven sigue con vida.
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La FGJEM mantiene abiertas sus líneas de contacto para recibir información ciudadana que aporte a la resolución del caso, instando a enviar datos al correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea telefónica 800 7028770 o la aplicación móvil FGJEdomex.
La desaparición de Kimberly Hilary Moya González ha generado atención pública y demanda de justicia, colocando el caso bajo la lupa nacional mientras continúa la indagatoria judicial.
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