Hugo Aguilar exige ajustar la reforma a ‘Ley de Amparo’ y cuestiona la retroactividad: “El procedimiento está burocratizado”

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), generó debate al manifestar su desacuerdo con la aplicación retroactiva de la reforma a la Ley de Amparo, aprobada recientemente por el Senado.

¿Qué es la ‘Ley de Amparo’? Morena impulsó una reforma para restringir el uso de amparos que detengan procesos administrativos, fiscales o de interés público. El Senado aprobó la iniciativa, que también modifica el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La discusión surge porque la Ley representa la vía principal para la defensa de derechos fundamentales en México frente a decisiones de la autoridad. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a un artículo transitorio aprobado en la Cámara Alta, argumentando que contraviene el principio que prohíbe la retroactividad.

‘Se tiene que ajustar’: Hugo Aguilar

En un encuentro con medios, se cuestionó al ministro sobre su postura respecto a la reforma a la Ley de Amparo, la cual incluye un artículo transitorio para aplicar la retroactividad en casos vigentes y en proceso.

Por su parte, el ministro consideró que dicha norma es necesaria, aunque expresó reservas específicamente sobre el aspecto de la retroactividad.

De igual forma, Aguilar Ortiz señaló que el actual juicio de amparo enfrenta un exceso de trámites burocráticos y numerosos mecanismos de impugnación, lo que, consideró da lugar a procedimientos prolongados.

“Se tiene que ajustar (...) El procedimiento está muy burocratizado, que hacen de pronto que los juicios se hagan interminables. Entonces sí es necesario simplificar buena parte del procedimiento”, puntualizó.

El ministro presidente indicó que, en caso de que la Cámara de Diputados no modifique el tema de la retroactividad, corresponderá a la SCJN intervenir si se presenta una impugnación.

Ley de Amparo 2025

La reforma a la Ley de Amparo, aprobada en octubre de 2025, busca modernizar el sistema de protección judicial para fortalecer la defensa de los derechos ciudadanos.

Según la versión oficial, la reforma mantiene el amparo como un recurso garante de los derechos fundamentales para evitar que sea utilizado como mecanismo dilatorio que obstaculice la recaudación fiscal o altere el orden público. Ante ello, la oposición advierte que podría comprometer la imparcialidad del Poder Judicial frente al oficialismo.

La propuesta emitida por Claudia Sheinbaum, responde a la necesidad de frenar el uso indebido de recursos judiciales sin debilitar la protección de los ciudadanos ante abusos de autoridad.