Desalojo en República de Cuba: adultos mayores en la calle, patrimonio en riesgo por gentrificación en la CDMX

La mañana del 28 de agosto de 2025, adultos mayores que habitaban el edificio de República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fueron desalojados de sus viviendas sin previo aviso.

Los afectados instalaron un campamento en la calle tras el operativo, denunciando que la medida responde a procesos de gentrificación que impactan a sectores vulnerables.

Entre los testimonios recopilados por Animal Político, destaca el de Xóchitl Pérez, quien residió 51 años en el inmueble y se dedicaba al cuidado de un adulto mayor. “Parece que estoy en situación de calle”, relató al medio, identificando como su hogar actual las sillas cubiertas bajo una lona en el campamento que levantaron para proteger sus pertenencias y resguardarse de la lluvia.

Los hechos desde el relato de las personas desalojadas

La puerta principal del edificio fue soldada y sellada la misma mañana, por lo que varias personas, incluyendo a adultos mayores con salud delicada, han tenido que pernoctar en la vía pública.

Una parte del grupo recibió apoyo temporal para hospedaje en hoteles, pero la mayoría vigila sus objetos personales sobre la banqueta ante la mirada de transeúntes y el ruido constante de la zona.

Según los testimonios recabados por Animal Político, la autoridad responsable no presentó oferta de solución directa. Una brigada médica revisó el estado de salud de las personas mayores y personal del gobierno solo propuso mesas de diálogo con el Instituto para la Vivienda.

Los inquilinos insisten en que nadie del gobierno se acercó a respaldarlos durante el desalojo, cuyos detalles describen como “violentos”, al señalar que las personas contratadas para ejecutar la medida actuaron sin mostrar orden judicial clara ni dar tiempo para empacar pertenencias. “Nos abrazamos preguntándonos qué íbamos a hacer. Nadie del gobierno vino a vernos”, relató una de las vecinas.

Manuel Gómez, quien ocupaba un departamento desde 1975, narra que el miércoles anterior una persona se identificó como actuario, tocó en los 18 departamentos y exigió a los residentes salir inmediatamente.

Gómez pidió ver la orden judicial, pero solo recibió hojas agitadas en su rostro y tuvo que evacuar con lo mínimo a la mano: “No soy invasor de ningún predio, hice mi contrato”, aseguró al medio, aunque subrayó que todos sus documentos estaban dentro del edificio.

Mientras tanto, sus dos gatos lograron salir con él, pero su mobiliario y colecciones terminaron apilados en la calle o se extraviaron. Gómez cree que el inmueble será remodelado y rentado a nuevos habitantes bajo los efectos de la gentrificación, ya que la construcción está catalogada como patrimonio histórico.

Por su parte, Diana González, de 62 años, explicó que tres generaciones de su familia vivieron en el inmueble, pero ahora duerme en la calle para vigilar lo poco que pudo recuperar tras la medida.

González detalló que durante el operativo, varios objetos personales fueron robados. “Cuando estaban desalojando nos robaron cosas” y relató que los “cargadores” a quienes se pagó para ejecutar el desalojo, se llevaron su teléfono móvil y dinero en efectivo.

“Esto no fue un desalojo o un despojo, fue un robo” aseguró, destacando la falta de ayuda de las fuerzas policiales presentes, que únicamente formaron una valla para vigilar sin intervenir en los abusos.

Trabajadores afectados

También los locatarios de negocios en la planta baja se vieron afectados. Maricarmen, quien operaba una imprenta en dos locales del edificio, logró sacar equipo y materiales con ayuda de sus hijos, aunque no evitó pérdidas al tener que continuar su trabajo desde otro sitio tras mudarse de manera forzada.

En su caso, la afectación económica se debe a la interrupción de los pedidos y el costo de continuar sus labores a distancia. Serafín Sánchez, reparador de máquinas de escribir, descubrió que varias de sus herramientas y el dinero que tenía en su local desaparecieron, y encontró sus pertenencias apiladas sin explicación ni protección. El resto de su equipo fue resguardado por otros comerciantes cercanos.

Los afectados sostienen que hasta ahora los negocios afectados no han recibido apoyo oficial para reactivar sus actividades, y que lo único ofrecido a los exhabitantes fueron mesas de diálogo y apoyos médicos en caso de emergencia.

La calle República de Cuba permanece cerrada por el campamento donde vecinos y comerciantes se niegan a abandonar sus pertenencias, exigiendo una solución a las autoridades de la Ciudad de México. Carteles pegados en la zona invitan a los transeúntes a informarse sobre la situación.

El caso se suma a una serie de desalojos a causa del encarecimiento de la vivienda y la presión inmobiliaria en zonas de alto valor histórico y turístico, en lo que los afectados identifican como parte de los procesos de gentrificación de la ciudad, según lo documentado por Animal Político.