¿Está prohibido en México que un establecimiento tenga en funcionamiento máquinas tragamonedas?

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que la operación y explotación de máquinas tragamonedas está prohibida en México, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento.

Esta restricción responde a la necesidad de controlar los juegos de azar y proteger a la población, especialmente a menores de edad, ante prácticas que pueden fomentar la adicción y actividades ilícitas.

De acuerdo con la información proporcionada por SEGOB, ningún permiso federal permite la instalación o uso de máquinas tragamonedas en establecimientos públicos o privados de cualquier entidad del país.

Prohibición de los minicasinos

El marco legal establece que estas máquinas, conocidas también como “minicasinos”, no pueden otorgar premios, ya sean en efectivo, mercancía o cualquier otro tipo de gratificación.

Esta disposición busca evitar que estos dispositivos alimenten redes de apuestas ilegales y generen ganancias fuera de las normas fiscales y administrativas.

Según la información difundida por la Secretaría de Gobernación, las tragamonedas incitan el juego compulsivo y afectan tanto a adultos como a menores, por lo que se implementó un operativo concreto de decomiso de este tipo de maquinaria, con la colaboración de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, la Comisión Nacional de Seguridad y fuerzas locales en varios estados de la República.

La SEGOB detalló que estas acciones se centran en establecimientos como tiendas, farmacias, papelerías, cafeterías y pequeños comercios, donde suelen encontrarse estos aparatos.

En el comunicado oficial, SEGOB indicó que “ninguna persona física o moral puede instalar, explotar, operar o realizar sorteos mediante el uso de máquinas tragamonedas, prohibidas por la ley y el reglamento”.

Las autoridades advirtieron que la violación a esta normativa puede derivar en aseguramientos, multas cuantiosas y sanciones administrativas o penales.

El operativo de decomiso se enmarcó en una estrategia nacional para combatir el juego ilegal y responde a la preocupación social por el impacto de estos aparatos en comunidades vulnerables.

El reporte de la SEGOB recordó que los permisos emitidos bajo la Ley Federal de Juegos y Sorteos sólo autorizan casinos y centros específicamente habilitados para juegos permitidos, como ruleta, dados, dominó, billar, bolos, cartas y sorteos reglamentados.

Las máquinas tragamonedas no figuran entre estas actividades. Las autoridades sostuvieron en el comunicado emitido en juliop de 2014 que la proliferación de estos dispositivos fomenta esquemas ilícitos y que puede servir para actividades relacionadas con lavado de dinero, lo que representa un riesgo adicional para la sociedad.

Durante el inicio del decomiso, funcionarios federales enfatizaron que la protección de la niñez y la prevención del delito motivan la aplicación estricta de la ley.

Se invitó a la ciudadanía a denunciar la localización de tragamonedas y otros juegos de azar ilegales. Además, la Secretaría de Gobernación adelantó que los operativos continuarán en coordinación con gobiernos estatales y municipales, a fin de erradicar totalmente la presencia de estos aparatos.

Causas por las que se retiran

En el documento publicado en el portal oficial del organismo, se enlistan las causas y medidas que justifican la prohibición generalizada de estos dispositivos en territorio nacional.

La dependencia federal argumentó que el juego no autorizado constituye una falta grave y representa un riesgo tanto económico como social, al desviar recursos y exponer directamente a menores de edad a dinámicas de adicción.

El Gobierno federal también recordó que los dueños de establecimientos donde se aseguren tragamonedas podrán enfrentar procedimientos legales y administrativos, ya que la ley prevé responsabilidades tanto para los poseedores del aparato como para quienes consientan su operación.

La SEGOB reiteró que la única vía para operar juegos de azar autorizados es cumplir rigurosamente con la normativa vigente, la cual ha sido actualizada para responder a la evolución de este tipo de actividades.

Las autoridades federales señalaron que los esfuerzos de decomiso y vigilancia forman parte de una estrategia más amplia de prevención y seguridad pública, diseñada para preservar el orden social, la legalidad y la protección de los sectores más vulnerables de la población.