La presencia de máquinas tragamonedas en comercios del estado de Aguascalientes registró un aumento sostenido a pesar de las restricciones legales vigentes para su operación fuera de lugares autorizados.
Ante el incremento de reportes, el gobierno municipal reconoció la complejidad de abordar el fenómeno por la falta de facultades legales directas para su retiro, situación confirmada por el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López.
El funcionario detalló que la administración local enfrenta límites jurídicos para actuar, ya que la regulación y supervisión de las máquinas de juego corresponde a autoridades federales según declaraciones recogidas por El Sol del Centro.
Respuesta del secretario y contexto
“No tenemos facultades para retirarlas”, afirmó el funcionario al referirse al marco de atribuciones municipales. La proliferación de las llamadas “mini casinos” en tiendas, abarrotes y otros giros comerciales provocó inquietud entre la población y comerciantes establecidos que denuncian la falta de control y posibles efectos negativos en la juventud.
Las máquinas tragamonedas están prohibidas para operar fuera de establecimientos autorizados por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Según el medio local, el vacío legal y la limitada intervención de las autoridades federales favorecen que los dispositivos permanezcan en pequeños negocios del municipio sin que exista una estrategia clara de regulación o eliminación inmediata.
Autoridades estatales señalaron para la misma fuente que las consecuencias para quienes instalan o permiten la operación de estas máquinas pueden ir desde sanciones económicas, con multas que superan con amplitud las ganancias obtenidas, hasta la clausura del establecimiento.
De acuerdo con El Sol del Centro, existen inquietudes en torno a los mecanismos de identificación y el seguimiento puntual para sancionar a quienes permiten la presencia de estos dispositivos.
El problema se ha vuelto motivo de debate en sesiones del cabildo y en foros de participación ciudadana, pues múltiples sectores sociales consideraron que estos aparatos posiblemente fomentarían las adicciones, razón por la que solicitaron medidas que limiten el acceso de menores de edad.
La Fiscalía del Estado lleva a cabo procedimientos contra algunos comercios, pero según el medio local, los resultados dependen en gran medida de denuncias formales y de la colaboración entre instancias municipales, estatales y federales.
Por ello, señalan que el panorama legal actual deja el tema sin un responsable administrativo local definido, lo que complica el diseño de políticas públicas para atacar el problema de raíz.
Mientras tanto, los propietarios de pequeños comercios enfrentan riesgos financieros. Según reportes recogidos por la misma fuente, la ganancia que una de estas máquinas puede generar resulta marginal en comparación con las multas que supera los 5 mil pesos por instalación ilegal.
En este escenario, el municipio busca alternativas para proteger a los sectores vulnerables y evitar que la falta de una regulación eficiente propicie la expansión de las máquinas tragamonedas en zonas residenciales y escolares.
Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía denuncie estos casos a las instancias correspondientes y de que la regulación federal evolucione hacia una supervisión más efectiva.
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