Desde mayo de 2025, el organismo Transparencia para el Pueblo ha reemplazado las funciones del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en materia de revisión de solicitudes de información, sin que ello haya mejorado el cumplimiento del derecho a conocer asuntos públicos. De 2 mil 253 inconformidades recibidas en sus primeros tres meses, únicamente 457 han sido procesadas, y el 99.6% de ellas se clasificaron como improcedentes.
La mayoría de los casos se han descartado por razones de forma, como la omisión de ciertos requisitos técnicos o la falta de seguimiento a notificaciones oficiales. No obstante, el nuevo organismo no ha habilitado mecanismos suficientes para que las personas puedan corregir errores o continuar sus procesos. Esta omisión contradice principios básicos establecidos en la normativa nacional, que obliga a las autoridades revisoras a facilitar el acceso efectivo a derechos cuando hay deficiencias en las solicitudes.
De acuerdo con la organización Artículo 19, los registros públicos del propio órgano muestran inconsistencias en la clasificación de las resoluciones. En varios expedientes, el contenido no corresponde con el estatus asignado, lo que debilita la confianza en el manejo de la información y en la legitimidad de las decisiones.
Además de la alta proporción de rechazos, destaca el cambio estructural en el modelo institucional. Mientras que el extinto INAI operaba como organismo autónomo, Transparencia para el Pueblo se encuentra bajo control del Poder Ejecutivo federal, lo que compromete su capacidad para actuar de forma imparcial ante negativas de información por parte de entidades gubernamentales. La subordinación administrativa impide que el órgano actúe como contrapeso frente a los sujetos obligados, según la organización.
Las resoluciones emitidas hasta ahora reflejan una tendencia a respaldar las posturas de las dependencias que retienen información, sin aplicar criterios de interpretación amplia del derecho ni considerar el principio de máxima publicidad previsto en el marco legal vigente. La omisión de un enfoque pro persona y progresivo representa un retroceso respecto al modelo anterior.
El impacto de este rediseño institucional no se limita al nivel federal. En al menos 23 entidades del país, gobiernos estatales han modificado sus estructuras de transparencia, trasladando competencias de órganos garantes a dependencias como contralorías o secretarías anticorrupción. Esta reorganización reduce los márgenes de independencia y debilita las capacidades de resolución autónoma. En paralelo, 13 estados han endurecido sus normas de clasificación de documentos públicos, ampliando las causales legales para declarar información como reservada.
La concentración de facultades en oficinas subordinadas a los ejecutivos estatales o federal elimina condiciones mínimas para garantizar la rendición de cuentas. En lugar de fortalecer canales de participación y vigilancia ciudadana, se han creado barreras legales y operativas que obstaculizan el ejercicio del derecho a saber, señala Artículo 19.
Transparencia para el Pueblo garantiza el acceso a la información
Por otra parte, Transparencia para el Pueblo tiene entre sus funciones garantizar el acceso a la información y asegurar la legalidad de sus resoluciones. Las dependencias públicas son responsables de responder las solicitudes de información, y cuando estas no satisfacen al solicitante, este puede presentar un recurso de revisión o de inconformidad ante el organismo.
El desechamiento de estos recursos puede ocurrir por causas previstas en la Ley General de Transparencia. Entre ellas se encuentran: presentación fuera de plazo; falta de claridad en el escrito, aun después de haber sido prevenido el solicitante; uso del recurso como consulta en lugar de manifestar inconformidad; y ampliación del contenido original de la solicitud, lo cual requiere iniciar un nuevo trámite.
El organismo señala que ha habido una mejora en la redacción de solicitudes y en la aplicación de criterios legales, incluyendo los relacionados con los casos que se desechan.
Además, el organismo subraya que el porcentaje de desechamientos de recursos de revisión y de inconformidad realizado por Transparencia para el Pueblo es el más bajo históricamente desde la creación del INAI.
De acuerdo con el organismo, del 21 de marzo al 11 de julio se recibieron 2 mil 635 recursos de revisión. De estos, fueron desechados 385, un porcentaje de 14.6%, de acuerdo con su información oficial.
Más Noticias
Melate, Revancha y Revanchita: números ganadores del sorteo de este 4 de marzo
Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores
Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows
La intérprete de “Antología” fue señalada por Jenny García no solo por cuestiones de pagos atrasados, sino también por la forma distante y fría con la que habría tratado a sus bailarinas durante las presentaciones
Por qué es importante que las mujeres hagan más ejercicio de fuerza y pesas que los hombres
Entrenar es necesario en ambos géneros, pero es fundamental en ellas
JNS cancela y pospone concierto en Veracruz: esta es la nueva fecha revelada
La agrupación de pop noventera explicó en un comunicado oficial en sus redes sociales las razones por las que el evento no se pudo llevar a cabo a principios de este mes de marzo
Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán
En el sitio fueron hallados más de 3 mil litros de sustancias químicas
