Por qué Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico y cuál fue el impacto social que tuvo

La guerra contra las drogas en México resultó en un incremento significativo de la violencia, con más de 70 mil muertes relacionadas con el crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), según datos oficiales.

Este conflicto, que afecta tanto a criminales como a civiles inocentes, ha generado una crisis de seguridad que se extiende por todo el país, con especial impacto en estados como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

Sin embargo, la situación actual en México no puede entenderse sin considerar el impacto de las políticas antinarcóticos promovidas por Estados Unidos en América Latina, particularmente en la región andina.

Antecedentes y origen de la guerra contra el narco

La llamada “Guerra contra las Drogas” fue iniciada en 1971 por el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien creó la Agencia Antidrogas (DEA) para combatir el tráfico y la producción de estupefacientes.

Sin embargo, la estrategia adquirió un enfoque más agresivo durante la administración de Ronald Reagan en los años ochenta, cuando se priorizó la erradicación de cultivos y la interdicción del tráfico en países productores como Bolivia, Perú y Colombia. Estas políticas generaron un “efecto globo”, desplazando las actividades del narcotráfico a otras regiones, incluido México, donde la violencia y la inseguridad se intensificaron.

En Colombia, el Plan Colombia, implementado en el año 2000 bajo la presidencia de Bill Clinton, destinó cerca de 8 mil millones de dólares a combatir el narcotráfico.

Aunque se lograron avances como la captura de líderes de cárteles y la reducción de cultivos en ciertas áreas, el narcotráfico persistió y las rutas de tráfico se trasladaron a México.

Este fenómeno, conocido como “efecto cucaracha”, describe cómo las redes criminales se desplazan hacia zonas con menor control estatal, exacerbando los problemas de seguridad en países vecinos.

En México, el narcotráfico tiene raíces históricas que se remontan al siglo XX, cuando los cultivos de amapola y marihuana comenzaron a expandirse en estados como Sinaloa, Durango y Guerrero.

Durante décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo control político sobre el crimen organizado, pero este equilibrio se rompió con la transición de poder en el año 2000, pues bajo el gobierno de Vicente Fox, surgieron nuevos cárteles como Los Zetas y La Familia Michoacana, mientras que el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas.

El ex presidente Felipe Calderón, al asumir el cargo en 2006, lanzó una ofensiva militar contra los cárteles, apoyada por la Iniciativa Mérida, un programa de cooperación con Estados Unidos que proporcionó 1, 900 millones de dólares en recursos.

Sin embargo, esta estrategia, centrada en la militarización y la captura de líderes criminales, no abordó problemas estructurales como la corrupción, la impunidad y la debilidad institucional.

Los resultados derivados de la militarización

La militarización no sólo fracasó en reducir la violencia, sino que también contribuyó a la fragmentación de los cárteles, aumentando el número de organizaciones criminales de seis en 2006 a dieciséis en 2012.

La violencia generada por el narcotráfico ha tenido un impacto en la sociedad mexicana elevado y durante el gobierno de Calderón, se registraron más de 26 mil desapariciones, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado.

Durante su sexenio, la aparición de militares en las calles bajo el argumento de que combatirían al crimen organizado aumentó la violencia perpetrada por la seguridad interna. En este período la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 9 mil 228 quejas y 142 recomendaciones contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos, 42 mil 126 casos de desapariciones forzadas y 24 mil 91 personas extraviadas.

Además, la violencia afectó de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes. Algunas organizaciones de familiares de víctimas denunciaron que durante el período de Calderón se registraron de 10 mil hasta 30 mil desapariciones forzadas.

Entre dichos organismos populares se encontraba Católicas por el Derecho a Decidir quienes señalaron que entre 2010 y 2012 desaparecieron 3 mil 976 mujeres, de las cuales el 51% tenía entre 11 y 20 años.

El estado de Michoacán es un ejemplo emblemático de la crisis de seguridad en México. En 2013, más de mil personas fueron asesinadas, 400 secuestradas y 3 mil familias desplazadas en esta región, donde el cártel de Los Caballeros Templarios controló rutas de tráfico y extorsionó a la población local.

La incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad llevó al surgimiento de grupos de autodefensa, que tenían como finalidad proteger a las comunidades ante la ineficacia de las fuerzas policiales.

La administración de Enrique Peña Nieto, que comenzó en 2012, heredó una situación crítica y aunque Peña Nieto prometió reformar las instituciones de seguridad y combatir la corrupción, los niveles de violencia se mantuvieron elevados.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013 se registraron 18 mil 458 homicidios dolosos, un promedio de 50 por día. Además, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos seguía siendo elevada, como lo demuestra una encuesta del INEGI realizada en 2013.