El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que fueron liberadas 36 de las 38 personas detenidas el 29 de enero en un campamento en Teuchitlán, Jalisco.
De acuerdo con el mandatario, las autoridades ministeriales pudieron determinar que no tenían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y eran víctimas debido a que fueron reclutadas en contra de su voluntad.
“Todas las personas que habían sido privadas de su libertad en este centro de reclutamiento en Teuchitlán ya han sido liberadas, afortunadamente. Simple y sencillamente se están levantando sus declaraciones para saber cómo habían sido reclutadas”, indicó el mandatario durante su gira de trabajo por Costalegre.
Señaló que tras las declaraciones de las personas, quienes indicaron que fueron “llevadas o convocadas a través de la central camionera de Zapopan, la que está en avenida Vallarta y Aviación”.
El mandatario indicó que tras las declaraciones de estas personas se realizaron operativos con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Zapopan en la central camionera.
Cabe señalar que solo dos de los detenidos permanecen bajo investigación para esclarecer su posible relación con el grupo criminal que operaba en el lugar.
El campamento, ubicado en la zona de la presa de La Vega, fue intervenido el pasado 29 de enero en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la acción, las autoridades aseguraron un arsenal que incluía 18 cargadores, 1.818 cartuchos, cuatro radios, equipo táctico y precursores químicos. Las personas detenidas fueron trasladadas a Guadalajara, donde quedaron bajo la custodia del Ministerio Público Federal mientras se analizaba su situación legal.
De acuerdo con información publicada por las autoridades, el campamento clandestino funcionaba como un centro de adiestramiento para actividades delictivas. Infobae México pudo confirmar que estas personas fueron reclutadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las víctimas, que habían sido retenidas en el penal de Puente Grande mientras se esclarecía su situación, declararon que fueron reclutadas mediante engaños y falsas promesas de empleo en distintas partes del estado. Una vez en el lugar, eran obligadas a realizar actividades bajo las órdenes de miembros experimentados de la organización criminal.
Este caso no es un hecho aislado. En 2017 se desmantelaron centros de adiestramiento similares en la comunidad de Las Navajas, en el municipio de Tala, donde personas desaparecidas fueron llevadas bajo promesas de trabajo y posteriormente forzadas a unirse a grupos delictivos. Asimismo, en Ocotlán se han documentado casos en los que infraestructura abandonada fue utilizada con fines de entrenamiento criminal.
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