Otra vez, un juez presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por desacato, en torno al tema de la reforma del Poder Judicial.
Se trata de Francisco García Contreras, juez segundo del Distrito de Colima, quien acusó que los consejeros del INE, no están acatando la orden de frenar los preparativos de las elecciones al Poder Judicial, que se llevarán a cabo en 2025 como lo dicta la reforma, para renovar la plantilla laboral de jueces, magistrados y ministros.
De acuerdo con García Contreras, se considera una acción de desacato por no respetar la suspensión otorgada en septiembre, para detener la organización de los comicios. Reiteró que la autoridad responsable ha sido renuente en respetar dicha suspensión, por lo que se dará paso a un proceso de investigaciones.
“Se realizarán las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador”, afirmó.
De ese modo, destacó que se impondrá una multa a cada uno de los 11 consejeros del INE, que asciende a 54 mil 285 pesos.
¿Qué ocurrió?
De acuerdo con las investigaciones, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, confirmó a finales de septiembre la suspensión otorgada por el juez Francisco García Contreras.
Y es que de acuerdo con la suspensión, se pedía al Consejo del INE abstenerse de implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025.
Esto luego de que se ha iniciado un proceso de convocatorias para que los mexicanos participen en la elección de jueces, ministros y magistrados de la SCJN, comicios que se realizarán entre 2025 y 2027.
Hay que recordar que la nueva reforma al Poder Judicial que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre de 2024, la cual establece que ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo.
En el dictamen aprobado se establece un proceso de elección por voto popular para magistrada o magistrado de Circuito, jueza o juez de Distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un proceso que se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral.
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