Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua denunció a Ulises Lara por obstrucción de la justicia en intento de arresto de Javier Corral

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó este 22 de agosto que ingresó dos denuncias contra quien resulte responsable por el delito de obstrucción a la justicia en el intento de arresto contra el exgobernador Javier Corral, investigado por el delito de peculado con penalidad agravada, la noche del pasado 14 de agosto.

En un comunicado, la Fiscalía Anticorrupción defendió con dos denuncias a sus agentes que no pudieron ejecutar la orden de aprehensión contra el próximo senador plurinominal de Morena en un restaurante de la colonia Roma, de la CDMX.

Lo anterior luego de que el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, acudiera con varios agentes, algunos de ellos sin portar logotipos de la corporación, al restaurante donde estaba el exgobernador para impedir que se efectuara el mandato judicial, asegurando que la autoridad ministerial capitalina no había aceptado colaborar con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Por ello, y luego de que la FGJCDMX ingresara una denuncia ante la FGR en contra de personal de la Fiscalía de Anticorrupción por intentar realizar la aprehensión de Corral, que fue calificada como “ilegal”, el organismo chihuahuense hizo lo propio y presentó dos querellas; una en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), y la otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México.

“Lo anterior, para dar a conocer formalmente a la autoridad investigadora dichos hechos probablemente delictivos, a fin de que se sancione a los responsables de tales inéditos e inusitados acontecimientos que se tradujeron en una clara obstrucción de la justicia, mismos que son presuntamente constitutivos de los delitos de tráfico de influencias, evasión, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares, entre otros”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

Agregó que el organismo anticorrupción “ha sido y seguirá siendo en todo momento respetuosos del Estado de Derecho, la autonomía y la solidez de las instituciones encargadas de procurar justicia y más tratándose de delitos por hechos de corrupción”.

La Fiscalía, a cargo de Abelardo Valenzuela, dijo confiar en que las indagatorias se llevarán a cabo de forma objetiva, imparciales y ajenas a cuestiones de carácter político, al tiempo que destacó que esperan que en su momento procesal “las y los probables responsables sean llevados ante la autoridad judicial, a efecto de que respondan por la presunta comisión de los delitos señalados”.

Luego del rescate o intervención de Ulises Lara López para impedir la captura de Javier Corral, la Fiscalía Anticorrupción lo declaró como prófugo de la justicia, al ser investigado por el delito de peculado con penalidad agravada en número de dos, por un desvío de 98 millones 600 mil pesos, mismos que se efectuaron en 2 pagos a un particular en su cuenta bancaria Santander, con la finalidad de aparentemente reestructurar el pago de la deuda pública del estado.

El actual encargado de la Fiscalía capitalina aseguró el 19 de agosto que el operativo de la autoridad de Chihuahua, que tenía como fin el arresto del próximo senador de Morena, fue “ilegal” y destacó que tendría fines políticos y no judiciales. “Lo que hicimos fue evitar una detención ilegal”, explicó.

Apuntó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no forma parte del convenio de colaboración entre las procuradurías, por lo que el documento recibido al que refiere el organismo anticorrupción “no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca convenidos por las instituciones que lo celebraron”.

Aclaró que el organismo que representa sí recibió un documento sobre una solicitud de colaboración por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, pero agentes de dicho estado ya realizaban “labores de inteligencia” en la capital del país desde el lunes 12 de agosto, dos días antes del intento de captura del ex gobernador, lo cual fue calificado como “acciones irregulares”.