Defensa de Emilio Lozoya sostiene que ya se fijó el monto reparatorio por fraude a Pemex

La representación legal de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, insiste en que ya existe un monto reparatorio por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, el cual fue fijado por el gobierno federal y no por el ex funcionario.

De acuerdo con los abogados de Lozoya Austin, la suma reparatoria fue propuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la petrolera mexicana. Al respecto, se destaca que la suma establecida fue de USD 10 millones 736 mil 351.70 (190 millones 778 mil pesos mexicanos, aproximadamente).

Dicha reacción sale a la luz después de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la que sostuvo que USD 10 millones es “muy poco” e instó a que las autoridades hagan “bien las cuentas” para establecer un monto reparatorio adecuado y proporcional en relación al desfalco realizado por el ex funcionario de Peña Nieto.

En relación al caso de Agronitrogenados, se recuerda que la empresa Altos Hornos de México S.A.B., DE C.V. (AHMSA) fue quien se comprometió a reparar el daño derivado de la compra/venta de una planta chatarra de fertilizante. Al respecto, se recuerda que la afectación se evaluó en USD 200 millones (3 mil 600 millones de pesos, aproximadamente), y el ex socio mayoritario Alonso Ancira Elizondo fue quien se comprometió a desembolsar los recursos del acuerdo reparatorio para evadir la prisión.

Desde el 28 de abril, cuando se llevó a cabo una audiencia por los casos contra Emilio Lozoya, se perfiló, desde la parte acusadora, que se puede llegar a un acuerdo reparatorio para evitar la sentencia condenatoria contra el acusado y poder continuar con el criterio de oportunidad como mecanismo para que el ex funcionario no siga en el Reclusorio Norte por los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que se investigan en su contra.

Se recuerda que el criterio de oportunidad es un mecanismo del marco jurídico penal mexicano para que un acusado pueda acceder a ciertos privilegios si la información que proporcione, así como la evidencia que lo sustente, ayudan directamente a las autoridades —en este caso la Fiscalía General de la República (FGR)— a darle seguimiento al caso y poder llegar a mandos superiores quienes presuntamente giraron la instrucción del ilícito perseguido.

La persecución federal contra la corrupción heredada del sexenio de Peña Nieto, último presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya comienza a trastocar las estructuras de la élite empresarial, pues, el pasado 17 de abril, AHMSA fue declarada formalmente en quiebra, esto como consecuencia de la recesión del convenio de pagos establecido por el caso de la compra-venta de la planta de fertilizantes chatarra Agronitrogenados contra Pemex.

En la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) de ese día, se da testimonio de que Mónica María Elena Rodríguez Alvarado, jueza interina del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova, Coahuila, determinó la quiebra de lo que alguna vez fue la mayor siderúrgica de México. Motivo por el que se destaca el polémico caso contra Emilio Lozoya, pues, después de llevar su caso en libertad y tras no aportar pruebas contundentes que que demuestren la participación de sus superiores inmediatos (Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray), el ex director de Pemex regresó al Reclusorio Norte y tiene una gran probabilidad de salir.