Por qué Antonio Tarín era pieza clave en el juicio contra Cesar Duarte

El pasado 25 de marzo el ex gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, cumplió mil días privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 ubicado en el municipio de Aquiles Serdán. Tan solo dos semanas después, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el suicidio de Antonio Tarín, funcionario que se desempeñó como exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de la entidad durante el sexenio del militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El fallecimiento del exfuncionario de la administración de César Duarte ha dejado un amargo sabor de boca entre la opinión pública y es que, al igual que el exgobernador, Antonio Tarín enfrentaba acusaciones por participar en un millonario desvío de recursos que tanto él como otros servidores cometieron durante el tiempo que desempeñaron cargos en la Administración Pública de Chihuahua.

La muerte del exdirector de Adquisiciones del estado no solo desató especulaciones sobre la culpa que cargaba por desfalcar el erario público de Chihuahua sino que también volvió a avivar el proceso penal que actualmente César Duarte atraviesa y por el cual el exfuncionario era considerado como una pieza clave.

Por delitos como asociación delictuosa y peculado agravado equivalente a un monto de 96.6 millones de pesos, César Duarte Jáquez fue detenido en julio de 2020 en Florida, Estados Unidos. Dos años después fue extraditado a México para ser presentado ante la justicia local.

El ex gobernador militante de la bancada tricolor fue acusado de más de 21 cargos relacionados a actos de corrupción y fraude por el despojo de millones de dólares en fondos gubernamentales durante el tiempo que encabezó el gobierno de Chihuahua.

Por dichos cargos, la Fiscalía de Chihuahua y la Especializada en Delitos Electorales (Fepade) giraron órdenes de aprehensión en su contra.

Al haber sido aprehendido en Estados Unidos, se solicitó su extradición a México con un documento que indica que de junio de 2011 y hasta noviembre de 2014 el estado de Chihuahua transfirió 96 millones 685 mil 253 pesos a empresas fantasma en las que César Duarte figuraba como el principal accionista. Del mismo modo, al militante de la bancada tricolor se le acusó de desviar recursos del erario público del estado que gobernaba para financiar campañas electorales de su partido.

Durante el tiempo que César Duarte se desempeñó como gobernador de Chihuahua, fue apoyado por algunos de los funcionarios de su círculo más cercano para continuar desviando recursos del erario público de la entidad, es así como entre los múltiples servidores señalados destacó el nombre de Antonio Enrique Tarín García.

El ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Estado fue sentenciado en julio de 2019 por un Tribunal de Enjuiciamiento a seis años de prisión por malversar recursos del erario público, de acuerdo con información del gobierno de Chihuahua.

Según lo expuesto en un boletín del Gobierno de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras presentar argumentos y pruebas sólidas, la representación social acreditó ante un Juez de Enjuiciamiento la responsabilidad penal de Antonio Tarín en el desvío de 2.4 millones de pesos del erario.

De este modo, se estableció que el exfuncionario habría cometido el delito en coautoría con el exdiputado local, Fernando Mariano Reyes Ramírez y con el empresario Iván Elí Sánchez Jasso, quienes también fueron sentenciados.

El Gobierno de Chihuahua detalló que dichos desvíos de recursos por los que era acusado Antonio Tarín ocurrieron entre julio y septiembre de 2016 luego de que simulara un proceso de contratación de servicios profesionales con una empresa identificada como Bildung Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V.

Del mismo modo, una investigación del medio El País apunta a que el exfuncionario de la administración de César Duarte también estuvo involucrado en la llamada Operación Safiro, la cual consisitó en un desvío de más de 600 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para apoyar campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).