INE multó al PRI con más de 97 mdp por desvío de recursos a campañas del 2015 durante gobierno de César Duarte

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 97 millones 916 mil pesos por haberse beneficiado con el desvío de recursos públicos durante la gubernatura de César Duarte en el estado de Chihuahua.

Luego de cinco años de investigaciones el Consejo analizó por última vez el proyecto y lo aprobó con 9 votos a favor y dos en contra.

El 4 de junio de 2018, la secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua, Rocío Olmos Loya, informó a las autoridades electorales algunas irregularidades cometidas por el partido tricolor durante las campañas del 2015.

En ese año la Secretaría de Hacienda local le destinó 39.1 millones de pesos en efectivo, que entregó a través del entonces secretario de finanzas del partido, Pedro Mauli Romero, con el que se beneficiaron por un esquema de triangulación de recursos.

Ante las votaciones, los representantes del PRI, Hiram Hernández y Marco Mendoza, indicaron el asunto debía ser devuelto para que la comisión de Chihuahua considerara en la investigación que el exsecretario de finanzas fue torturado después de haber recibido el dinero para que se declarara culpable de varios delitos.

“Resulta incuestionable que el sujeto obligado desplegó una conducta dolosa al evitar rechazar aportaciones provenientes de un ente prohibido, como lo es la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, a sabiendas que dicha conducta era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real”, indicó la Comisión.

No obstante, luego de un largo debate, la mayoría de los consejeros coincidieron en que no era necesaria la devolución, ya que cuentan con las evidencias pertinentes que indican que el priista firmó los recibos del dinero proveniente del gobierno estatal en 2015 y fue torturado años después.

En el documento se informa que en 2015 el PRI recibió ilegalmente 39 millones 166 mil 666 pesos, a través de 13 cheques que le entregó Hacienda del Gobierno de Chihuahua. Los cheques fueron cobrados en efectivo por una empresa de valores que iba a la tesorería estatal y lo entregaba directamente al tesorero Joaquín Francisco Hernández Vega, quien a su vez lo entregaba a Mauli Romero para que firmara los recibos.

Los representantes del PRI alegaron que no había pruebas que constataran que tal suma económica benefició al partido. Además de que, “en todo caso, sus actos (de Mauli Romero) fueron realizados a título personal”.

“No se tiene certeza de que hubiese recibido cantidades de dinero provenientes de la administración local, pues la autoridad electoral no pudo arrogarse de los recibos originales que presuntamente recibió, por lo que tampoco pudo ordenar un dictamen pericial en grafoscopía para comparar las firmas”, defendió Hernández Vega.

El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, indicó que hay documentación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no deja espacio a dudas, pues está fundamentada en estados de cuenta de la Secretaria de Hacienda local, declaraciones del tesorero, análisis de grafoscopía, así como de otros funcionarios que muestran el método que usaron “para hacerlo líquido y entregarlo al PRI”.

Sumado a ello, respondió que el PRI ni siquiera participó en las audiencias solicitadas ni presentaron sus argumentos dentro del proceso de investigación.

En respuesta, los priistas señalaron que la aprobación de la sanción genera un grave precedente en el INE porque la prueba que presentan está vinculada con tortura y es algo que las demás consejerías replicaron.

“No veo cómo es que una cosa tenga qué ver con la otra. Los recibos fueron firmados en 2015, el otro señor empezó a ser fiscal hasta 2016 y por lo tanto, el caso de tortura no puede acreditarse para justificar que el partido no es responsable porque sí está demostrado que el señor recibió, y no es cualquier persona, es el secretario de Finanzas del partido”, acusó la consejera Carla Humphrey.

Los consejeros votaron que luego de cinco años de investigaciones se cerraba el caso, al considerar que había pruebas suficientes que demuestran que el PRI recibió al menos 13 cheques de Hacienda del Gobierno de Chihuahua que destinó para pagar sueldos de representantes del partido o apoyos a deportistas en las campañas del 2015.