
El fiscal federal Matías Felipe Di Lello solicitó que Néstor Roque Frangolini (62), el referente de Libres del Sur en San Nicolás, sea enviado a juicio, tras ser acusado de extorsionar a 26 titulares del programa Potenciar Trabajo mediante exigencias de dinero y amenazas de perder el beneficio.
El pedido fue presentado el pasado 4 de noviembre ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo. Los episodios habrían ocurrido entre el 11 de abril de 2023 y el 9 de enero de 2024.
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De acuerdo con la acusación, Frangolini exigía a los beneficiarios una parte de la prestación estatal bajo la denominación de “colaboración”, “contribución” o “aporte”. Para la Fiscalía, el dirigente utilizaba su rol dentro de la organización social para reclamar pagos a quienes buscaban acceder al programa o conservar su inclusión. En caso de negarse, los beneficiarios habrían recibido advertencias sobre una eventual suspensión o baja del plan.
De la misma manera, se estableció que las exigencias se vinculaban con la asistencia a marchas, actos y otras actividades políticas convocadas por la agrupación. En este contexto, quienes no entregaban el porcentaje solicitado o no concurrían a esas convocatorias quedaban expuestos a perder el ingreso.
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“Existen elementos de convicción suficientes para requerir la elevación a juicio”, sostuvo el juez Di Lello. Según el sitio Fiscales, el fiscal señaló que durante la pesquisa se reunió prueba testimonial, documental y pericial para acreditar los hechos, su alcance penal y la presunta intervención del imputado.
A raíz de esto, Frangolini fue procesado en mayo de 2025 como presunto autor de 26 hechos de extorsión. Los peritajes incorporados al expediente indicaron que el dinero llegaba a una cuenta bancaria personal del dirigente y que también se habrían producido entregas en efectivo durante reuniones de la organización o en sus oficinas.
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Incluso, el análisis de los movimientos bancarios detectó transferencias periódicas de diversas personas, con montos de entre $1.000 y $34.000. En enero de 2024, la cuenta recibió 110 transferencias y cerró con un saldo favorable de $ 1.100.000.
A partir de esto, la Fiscalía detalló en su presentación la nómina de los beneficiarios que efectuaron pagos, las fechas y los importes, además de las declaraciones y otros elementos reunidos durante la instrucción.

Di Lello afirmó que Frangolini “vulneró la libertad de cada una de las 26 personas”, a quienes intimidó para obtener el dinero. Asimismo, el fiscal remarcó que las amenazas habrían tenido incidencia directa en las decisiones de los beneficiarios.
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“Ante las extorsiones manifiestas que formulaba, causaba temor de perder el ingreso con el que cada uno de los beneficiarios sustentaba su hogar”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF). En ese contexto, las personas afectadas habrían realizado transferencias o entregado dinero en mano al imputado o a presuntos intermediarios.
Entre los testimonios incorporados a la causa, una beneficiaria declaró que realizaba tareas comunitarias para la organización, aunque decidió dejar de hacerlo por las amenazas que recibía. Además, la mujer entregó comprobantes de seis transferencias bancarias de hasta $13.200 realizadas a la cuenta personal de Frangolini.
Otra beneficiaria aportó capturas de pantalla con los datos de la cuenta a la que debía enviar el dinero y los registros de cuatro pagos. La pesquisa detectó que varias de las personas que figuraban como titulares de esas transferencias también aparecían en listas de mensajes intimidatorios que habrían sido enviados por Frangolini.
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Entre las comunicaciones relevadas figura una en la que el dirigente escribió: “Buen día, hasta las 16 estamos recibiendo aportes. Personas que no aportaron en noviembre... Vamos a proceder a las bajas, así no le causa gracia a nadie”.
En otro mensaje, agregó: “Esto es para todos los que no quieran hacer campaña, los que no aportan y los que no marchan y colaboran con la organización, directamente a partir de hoy los doy de baja, estoy cansado de renegar, si no le interesa la organización váyanse no reniego más (...) Hay personas que nos toman el pelo y de verdad estoy cansado de dar oportunidades”.
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Por este motivo, la Fiscalía concluyó que los hechos atribuidos contaban como sustento probatorio y que no se advirtieron circunstancias que excluyeran la responsabilidad penal. Con ese planteo, pidió que el expediente avance a la etapa de debate oral.
La causa se inició en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, dirigida por el fiscal federal Guillermo Marijuan, a partir de una nota publicada por el diario Clarín el 30 de enero de 2024.
En esa publicación, se informó sobre presuntas irregularidades en la gestión de Potenciar Trabajo en San Nicolás vinculadas con el dirigente de Libres del Sur. Luego, por una cuestión de jurisdicción, el caso quedó bajo la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad.
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