Adolescentes privados de libertad durante el cumplimiento de sus sanciones en Guatemala se gradúan y aspiran a la universidad

Dieciocho adolescentes privados de libertad en el Centro Especializado de Reinserción (CER), de San José Pinula, Guatemala, recibieron sus diplomas de primaria, básicos y bachillerato, con la expectativa de continuar estudios universitarios tras cumplir sus sanciones por delitos graves.

La primera promoción académica del centro estuvo integrada por cuatro jóvenes que completaron sexto de primaria, siete que terminaron tercero básico y siete que concluyeron el bachillerato. Este último grupo proyecta cursar Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias de la Comunicación y Administración de Empresas.

La ceremonia fue organizada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), responsable de los centros especializados de privación de libertad para menores de edad. Dos días antes, otros 17 adolescentes de la sede CER-1 habían terminado el nivel básico mediante el Centro de Educación Extraescolar.

El CER tiene capacidad para 300 internos y recibe a adolescentes sancionados por asesinato, homicidio o extorsión. Registros de la SBS citados por Prensa Libre indican que 35 jóvenes procedentes de la correccional Gaviotas fueron trasladados al complejo en abril, con la obligación de permanecer al menos ocho meses en el área de máxima seguridad antes de poder acceder a una fase de reinserción con menos restricciones.

Los cinco centros especializados del país albergan cerca de 480 adolescentes. La mayoría está vinculada con procesos por extorsión, violación, asesinato, homicidio, portación ilegal de armas y robo agravado.

Un sistema de incentivos y educación durante la sanción

El funcionamiento del CER sigue un esquema progresivo de incentivos. Al ingresar, cada adolescente recibe un kit básico de higiene, cumple una rutina que comienza a las 5:00 y debe sostener un buen desempeño académico para avanzar entre las distintas fases del centro.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia regula el sistema de justicia penal juvenil guatemalteco. Establece sanciones de hasta dos años de privación de libertad para adolescentes de 13 a 15 años y de hasta seis años para quienes tienen entre 15 y 18 años.

Durante ese período, los centros a cargo de la SBS deben ofrecer educación formal como parte de la resocialización. La jueza de Ejecución de Sanciones de Menores en Conflicto con la Ley Penal, Verónica del Rosario Galicia, citada por Prensa Libre recientemente explicó que los adolescentes pueden continuar sus estudios mientras cumplen su condena para facilitar su reincorporación a la sociedad.

Actualmente, 53 adolescentes privados de libertad están inscritos en la universidad y cursan carreras elegidas por ellos, de acuerdo con Galicia.

Luis Alfonso, uno de los bachilleres del CER, planea estudiar Ciencias Jurídicas y Sociales y ejercer como abogado para acompañar a jóvenes en circunstancias semejantes. El graduado afirmó a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN): “Estoy muy feliz porque me brindaron una gran oportunidad que allá afuera no hubiera logrado por mi estilo de vida”.

El adolescente añadió que continuará sus estudios superiores el próximo año: “Voy a seguir Ciencias Jurídicas y Sociales para llegar a ser abogado y apoyar a los jóvenes que estén en mi misma situación, impulsando su reinserción. Hoy es una muestra de que sí se puede lograr todo lo que uno se propone si le echa ganas y disciplina”.

La docente Margarita, identificada solo por su nombre, relató que varios estudiantes no imaginaban terminar sus estudios antes de ingresar al centro. “Es gratificante ver a jóvenes que un día comentaban que no se veían graduados ni estudiando allá afuera, y que hoy están agradecidos con la Secretaría de Bienestar Social por esta oportunidad”, sostuvo.

La educadora también destacó que algunos adolescentes aspiran a ingresar a la universidad y a utilizar una toga, una posibilidad que antes no contemplaban. Para ella, esa motivación forma parte del cambio observado durante su formación académica dentro del CER.

El padre de uno de los graduados, Mario René, afirmó que percibió un cambio en su hijo: “He notado en mi hijo el deseo de seguir adelante y para mí es una alegría ver este logro. Estoy orgulloso de él”.

La reinserción y las dudas sobre los programas disponibles

Galicia señaló que otros programas de reinserción administrados por la SBS también registran resultados. Casa Intermedia acumuló dos casos de reincidencia, mientras que en la correccional Gaviotas la proporción de adolescentes reinsertados supera el 70% frente a quienes vuelven a delinquir.

La jueza sostuvo que la finalidad de esos programas excede la custodia de los jóvenes. El proceso busca reconstruir vínculos familiares y personales afectados, en muchos casos, por violencia doméstica o por la captación de pandillas.

El CER y Casa Intermedia cuentan con una certificación de la American Correctional Association, organismo que evalúa los centros de privación de libertad según criterios de humanidad, justicia y rendición de cuentas.

Mario Polanco, integrante del Grupo de Apoyo Mutuo, planteó dudas sobre si la programación disponible alcanza para atender las necesidades de adolescentes sancionados por delitos graves y de quienes fueron detenidos por infracciones menores.