La Fiscalía de Revisión de Misiones confirmó el archivo de la denuncia contra el Gobierno nacional por autorizar el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro. La decisión ratifica lo resuelto por el fiscal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, que había desestimado la presentación al concluir que no existió delito.
Se trata de la acción judicial que había iniciado la diputada Marcela Pagano contra los funcionarios del Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
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En el marco del Sistema Acusatorio, el fiscal Martínez impulsó una serie de medidas que, según entendió, permitieron descartar anomalías en el procedimiento migratorio o en la intervención de los agentes de control.
Asimismo, se puso en contacto con su par Paloma Ochoa, que interviene en una causa paralela que tramita en los Tribunales de Comodoro Py, y le remitió testimonio de las constancias del caso.
Se investigó si el cruce de Flávio Bolsonaro por Puerto Iguazú se realizó de manera regular y si los funcionarios y las fuerzas de seguridad cumplieron con los controles migratorios correspondientes.
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También se buscó determinar si existía alguna orden de detención, alerta internacional o limitación que hubiera impedido su paso por la frontera, y si hubo abuso de autoridad o incumplimiento de deberes por parte de los responsables del operativo.
Tras perder las elecciones, Bolsonaro quedó alcanzado por medidas judiciales que le impedían salir de Brasil y le exigían entregar sus documentos de viaje.
Sin embargo, en un vuelo privado que salió de Puerto Iguazú e hizo escala en Guayaquil, Ecuador, el senador brasileño viajó con su esposa y sus dos hijas a Miami, en Estados Unidos.
En su país enfrenta una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a operaciones con empresas del abogado Willer Tomaz y plataformas de apuestas. También es investigado por el supuesto financiamiento irregular de Dark Horse, una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.
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La causa en Comodoro Py
En los tribunales federales de Retiro continúa abierta una investigación simultánea a la que fue archivada en Puerto Iguazú. Tramita ante el Juzgado Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.
El expediente se basa en dos denuncias, que fueron presentadas por el diputado Esteban Paulón y el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano.
Capuchetti ordenó medidas preliminares para preservar prueba y reunir información antes de definir si la investigación avanza formalmente.
En esa línea, dispuso preservar las filmaciones de los controles fronterizos y del aeropuerto de Puerto Iguazú, y pidió informes a Migraciones y a Cancillería para determinar si Bolsonaro tenía algún impedimento para ingresar al país.
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Por otra parte, recibió desde la fiscalía de Iguazú la documentación que permitió definir que no existían impedimentos legales para impedir el paso de Bolsonaro por territorio argentino.
El testimonio incluye el informe de la Dirección Nacional de Migraciones que describe bajo qué condiciones ingresó y egresó el excandidato presidencial brasileño antes de subirse al avión rumbo a Estados Unidos, y la respuesta de Interpol que despejó dudas sobre si pesaba sobre él alguna orden de detención, requerimiento judicial internacional o restricción vigente en los sistemas de control de Argentina.
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