La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas de prueba preliminares en una de las denuncias presentadas en Comodoro Py 2002 contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, por la presunta colaboración en el operativo que permitió la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.
Entre las medidas que pidió la fiscal del caso Paloma Ochoa y ordenó la magistrada figura un pedido para preservar filmaciones de cámaras de seguridad del 27 al 28 de octubre, en el aeropuerto de Puerto Iguazú.
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Además se libraron oficios para preguntar si se recibió notificación oficial de alertas o avisos desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro, quien partió desde ese aeropuerto rumbo a Miami junto a su esposa y sus dos hijas.
También se pidió un detalle a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles que hubo sobre el avión y sus pasajeros, según supo Infobae en fuentes judiciales.
Se trata de algunas de las medidas preliminares que pidió la fiscalía antes de resolver si dictamina a favor de impulsar la investigación de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. Se pide determinar si existió alguna intervención ilegal de funcionarios argentinos en el ingreso y posterior salida del dirigente brasileño tras perder las elecciones de su país frente a Lula Da Silva.
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La denuncia
Según la presentación de Solano, Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y luego salió del país a las 23.30 del 27 de octubre a bordo de un vuelo privado de la empresa Baires Fly.
El denunciante sostuvo que el presidente Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, según indicó, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes.
Solano planteó que la eventual salida del territorio argentino exigía controles vinculados con la cooperación internacional y la situación judicial del dirigente brasileño. En ese sentido, solicitó investigar si los organismos estatales contaban con alertas, requerimientos o información previa sobre Bolsonaro.
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La denuncia señala que Migraciones reconoció el ingreso del dirigente brasileño por Puerto Iguazú y su salida posterior en un vuelo privado. Solano cuestionó que no se hubieran aplicado restricciones y pidió determinar si existieron omisiones en los mecanismos de cooperación internacional.
De manera paralela la fiscalía de Puerto Iguazú también pidió medidas de prueba al recibir una denuncia similar por parte de la diputada Marcela Pagano.
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