Un experto en anticorrupción explicó qué cambios necesita el Estado para combatir la corrupción

La denuncia contra Raquel Graneros, intendenta de Graneros, en Tucumán, por presunto enriquecimiento ilícito abrió el debate sobre la corrupción en los gobiernos locales y la continuidad de las familias en el poder. El caso fue el punto de partida de una conversación con Roberto de Michele, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción y especialista en gobernanza, quien explicó en Infobae a la Tarde por qué el problema no responde a una supuesta idiosincrasia argentina y qué reformas pueden ayudar a prevenirlo.

Graneros, de 29 años, asumió la intendencia después de que su padre ocupara el cargo entre 2003 y 2015 y su madre lo hiciera entre 2015 y 2023. Según lo expuesto durante el programa, la funcionaria fue denunciada por la compra de dos terrenos en un barrio privado de Tucumán por un monto cercano al millón de dólares. Los denunciantes cuestionaron el origen de los fondos y señalaron presuntas irregularidades que deberán ser investigadas por la Justicia.

La denuncia no implica que se haya probado un delito, pero el episodio puso sobre la mesa interrogantes sobre el patrimonio de los funcionarios, los controles institucionales y la independencia judicial. Para De Michele, la corrupción debe analizarse más allá de los casos particulares: sus causas, sus distintas manifestaciones y las herramientas necesarias para limitarla.

Los distintos niveles de la corrupción

De Michele distinguió tres modalidades principales. La primera es la corrupción sistémica, que se produce cuando el aparato estatal queda capturado por intereses particulares. Esa situación puede involucrar a una familia, un partido político o una alianza entre sectores públicos y privados que utilizan los recursos del Estado en beneficio propio.

Un segundo nivel aparece cuando determinados grupos buscan influir sobre las leyes y regulaciones para proteger sus intereses económicos, limitar la competencia o conseguir ventajas específicas. Por último, existe la denominada pequeña corrupción, que se manifiesta, por ejemplo, cuando un funcionario exige un pago indebido para resolver un trámite o un ciudadano ofrece un soborno para evitar una sanción.

Aunque estas prácticas tienen alcances diferentes, todas deterioran la confianza en las instituciones. Por eso, sostuvo el especialista, las respuestas deben adaptarse a cada situación: no se combate de la misma manera un sistema político capturado por intereses privados que los sobornos vinculados con una inspección municipal.

Por qué la corrupción no es un rasgo cultural argentino

Uno de los principales argumentos de De Michele fue el rechazo a la idea de que los argentinos incumplen las normas por una característica cultural. Para explicarlo, retomó el concepto de anomia boba, desarrollado por el jurista Carlos Nino en su libro Un país al margen de la ley.

La noción describe una conducta en la que una persona busca obtener una ventaja individual mediante el incumplimiento de las reglas, sin advertir que, cuando esas prácticas se generalizan, el conjunto de la sociedad termina perjudicado.

Colarse en una fila, evadir una obligación o eludir una norma puede resultar conveniente en el corto plazo para quien lo hace. Sin embargo, cuando esas conductas se extienden, debilitan la cooperación social y generan un entorno en el que todos pierden.

De Michele sostuvo que el comportamiento de las personas también depende de las instituciones, los incentivos y las consecuencias frente al incumplimiento. Como ejemplo, señaló que en sociedades con reglas claras y organismos que funcionan, los ciudadanos suelen respetar las normas incluso cuando no hay una autoridad que los vigile directamente.

La diferencia, desde su perspectiva, no está necesariamente en la nacionalidad, sino en la existencia de sistemas que desalientan las transgresiones y garantizan que las reglas se apliquen. Por eso, consideró que la corrupción no es un destino inevitable, sino un problema sobre el que se puede actuar mediante reformas institucionales.

Qué cambios necesita la Oficina Anticorrupción

El funcionamiento de los organismos de control fue otro de los ejes de la conversación. Consultado sobre la Oficina Anticorrupción, De Michele consideró que sus competencias deben revisarse para evitar que su actuación quede condicionada por su dependencia del Poder Ejecutivo.

El especialista planteó que el organismo podría concentrarse en tareas como la regulación de los conflictos de interés y el control de las declaraciones juradas de los funcionarios del Ejecutivo. Estas herramientas permiten detectar situaciones en las que los intereses privados pueden interferir con las responsabilidades públicas.

Sin embargo, advirtió que un buen diseño institucional no alcanza por sí solo. Para ilustrarlo, recurrió a la metáfora de una orquesta: no basta con tener una buena partitura si quienes deben interpretarla no cumplen adecuadamente su función.

La independencia de los organismos, la capacidad de sus integrantes y la aplicación efectiva de las normas son condiciones necesarias para evitar que los mecanismos de control pierdan credibilidad. De Michele también advirtió que los avances en materia de transparencia no son irreversibles y pueden debilitarse con el tiempo.

Digitalización y controles sobre la obra pública

En el ámbito municipal, De Michele destacó la importancia de digitalizar trámites, reducir los permisos físicos y limitar las inspecciones presenciales cuando no sean indispensables. Estas medidas pueden disminuir los contactos discrecionales entre funcionarios y ciudadanos y, con ello, las oportunidades para exigir o pagar sobornos.

Para los grandes contratos de infraestructura, en cambio, propuso mecanismos más complejos. El especialista mencionó experiencias de Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, donde existen agencias y estructuras técnicas especializadas para evaluar prioridades de inversión y necesidades de infraestructura.

El objetivo es establecer criterios técnicos para determinar qué obras necesita un país y cómo financiarlas, con independencia de los cambios de gobierno. De ese modo, se reduce el margen para que las decisiones sobre proyectos de gran magnitud respondan a intereses particulares en lugar de atender necesidades concretas.

Según De Michele, la clave es diseñar soluciones específicas para cada modalidad de corrupción: digitalizar procedimientos puede reducir oportunidades de soborno en un municipio, mientras que los contratos de largo plazo requieren planificación, evaluación y supervisión.

La crisis económica y la tolerancia social

Hacia el final de la conversación, el especialista analizó cómo la situación económica influye en la percepción de la corrupción. Según explicó, las dificultades materiales aumentan la sensibilidad moral de la población y reducen su tolerancia frente a estas prácticas.

Cuando los ingresos no alcanzan y las familias tienen problemas para llegar a fin de mes, el uso indebido de los recursos públicos adquiere mayor relevancia. En cambio, durante períodos de crecimiento, parte de la sociedad puede relegar la cuestión frente a otras prioridades.

De Michele también señaló que uno de los obstáculos para combatir la corrupción es que sus consecuencias no siempre se perciben de inmediato. Muchas prácticas se desarrollan de manera secreta y sus costos aparecen tiempo después, cuando resulta más difícil revertirlos. Por eso, consideró que el voto no alcanza por sí solo para sostener una agenda anticorrupción.

Para impulsar cambios duraderos, planteó la necesidad de articular a sectores de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas interesadas en competir bajo reglas transparentes y dirigentes políticos dispuestos a promover reformas.

El caso de Graneros sirvió así para abrir una discusión que excede a una funcionaria o una localidad. Para De Michele, combatir la corrupción exige instituciones capaces de prevenir irregularidades, investigar las denuncias y aplicar las normas sin distinciones políticas.

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