La Justicia ordenó medidas urgentes para controlar un basural a cielo abierto de 20 hectáreas en San Pedro

En el marco de una investigación penal por posible contaminación ambiental, la Justicia federal ordenó a la Municipalidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, adoptar medidas urgentes para controlar un basural a cielo abierto de aproximadamente 20 hectáreas. La decisión busca prevenir daños al ambiente y a la salud de la población, luego de que distintas inspecciones detectaran irregularidades en el tratamiento de los residuos y condiciones que podrían representar un riesgo para los habitantes de la zona.

El juez federal de Garantías de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, hizo lugar a un pedido del fiscal Matías Di Lello y ordenó implementar medidas preventivas respecto al terreno. Además, fijó un plazo de 90 días para ejecutar un plan de contingencia y de 60 días para que el municipio presente un programa integral de gestión de residuos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su portal institucional, el requerimiento se sustentó en inspecciones del Ministerio de Ambiente bonaerense, informes de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, y análisis realizados por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina.

El basural se encuentra en el barrio La Tosquera, en San Pedro, una localidad del norte bonaerense situada a orillas del río Paraná. El predio funciona desde hace más de dos décadas y, de acuerdo con los relevamientos, carece de sistemas adecuados para el tratamiento de la basura y la protección del suelo.

Durante las inspecciones se constató que los residuos se depositaban directamente sobre la tierra, sin cobertura ni compactación. Entre los materiales acumulados había neumáticos, electrodomésticos, escombros, vidrios y restos domiciliarios. También se registraron focos de incendio, acumulaciones de agua y ausencia de cerramiento perimetral y vigilancia.

Los investigadores observaron, además, personas adultas y menores que recuperaban materiales entre los desperdicios, mientras vehículos particulares y municipales ingresaban para descargar basura sin controles adecuados. La presencia de viviendas y cursos de agua en las inmediaciones motivó nuevas medidas para evaluar las posibles consecuencias ambientales.

Las advertencias sobre contaminación

La investigación comenzó a partir de información conocida por la UFIMA en noviembre de 2025 sobre quemas de residuos y emanaciones de humo. Durante las primeras inspecciones, vecinos del barrio relataron problemas respiratorios, irritación ocular y dolores de cabeza que atribuyeron a esas emisiones.

Un informe técnico de la fiscalía especializada consideró que existían elementos para tener por acreditada contaminación en los términos de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, al menos como consecuencia de las quemas sistemáticas. También advirtió sobre la proliferación de insectos, roedores y otros animales capaces de transmitir enfermedades.

Otro elemento incorporado al expediente fue el análisis del agua utilizada en el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje La Colmenita, al que concurren niños del barrio. Una muestra presentó niveles de coliformes totales -bacterias utilizadas como indicadores de la calidad sanitaria del agua- superiores a los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino. Ante ese resultado, el laboratorio recomendó limpiar y desinfectar el sistema de almacenamiento, aunque no se determinó que la alteración estuviera relacionada con el basural.

El principio precautorio y las medidas ordenadas

Al resolver el planteo, Villafuerte Ruzo consideró que los conflictos ambientales requieren una intervención judicial preventiva y aplicó el principio precautorio, establecido en el artículo 4 de la Ley 25.675, conocida como Ley General del Ambiente.

La norma establece que, ante el peligro de un daño grave o irreversible, “la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”. Este criterio permite adoptar acciones de protección sin esperar a que todas las consecuencias de una actividad potencialmente contaminante estén científicamente demostradas.

Con ese fundamento, el magistrado dispuso el cerramiento perimetral del basural, el control de sus accesos y la vigilancia permanente durante las 24 horas. También ordenó registrar a las personas autorizadas a recuperar materiales, organizar la clasificación de los residuos e identificar a quienes ingresan para descargarlos.

Estas medidas deberán comenzar a cumplirse de inmediato, mientras que el plan de contingencia deberá ejecutarse dentro de los 90 días establecidos.

A su vez, la Municipalidad tendrá 60 días para presentar un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conforme a la legislación nacional y provincial sobre tratamiento de residuos domiciliarios.

La resolución alcanza al intendente Cecilio Salazar y a los responsables municipales de Ambiente, Obras y Servicios Públicos y de la operación del basural. Su implementación deberá coordinarse con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la causa penal continuará para determinar el alcance de la eventual contaminación y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder por el funcionamiento del predio.