Organizaciones alertarán a la CIDH sobre las barreras de acceso y el riesgo riesgo de prohibición de la PAE en Honduras

Organizaciones hondureñas expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las barreras que todavía dificultan el acceso a la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), así como los riesgos derivados de una demanda judicial que busca anular la disposición que restableció su uso y comercialización en 2023.

La audiencia está programada para el próximo jueves 29 de octubre. Durante la sesión, las organizaciones buscarán informar a la Comisión sobre las implicaciones de una demanda que pretende anular la disposición que restableció la PAE, así como sobre las dificultades que todavía enfrenta la población para obtener el medicamento.

La controversia surge tres años después de que Honduras levantara la prohibición de la anticoncepción de emergencia, una restricción que permaneció vigente durante aproximadamente 13 años.

Según las organizaciones convocantes, el país fue el único de América Latina que mantuvo prohibidos tanto el uso como la comercialización de este método durante ese período.

La demanda actualmente en curso cuestiona el acuerdo que restituyó el acceso a la PAE y sostiene que el medicamento tiene efectos abortivos.Las organizaciones cuestionan ese argumento y señalan que la PAE es un método anticonceptivo reconocido por la Organización Mundial de la Salud y sostienen que se trata de un método anticonceptivo que debe permanecer accesible para las mujeres que lo necesitan.

Posibles nuevas restricciones

La resolución judicial todavía es incierta. Regina Fonseca, cofundadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), explicó que las organizaciones contemplan la posibilidad de recurrir a otras instancias si el fallo resulta desfavorable.

Fonseca señaló que una eventual decisión contraria al acceso a la PAE no necesariamente tendría que traducirse en una prohibición total.

“Todavía hay salidas legales en caso de que eso ocurriera”, afirmó Fonseca, al referirse a la posibilidad de acudir a un tribunal de lo contencioso administrativo si la resolución inicial perjudica el acceso al anticonceptivo.

La posibilidad de que se establezcan nuevas condiciones genera preocupación entre los colectivos, porque cualquier requisito adicional podría representar una dificultad para quienes necesitan obtener el medicamento de manera oportuna.

Para las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, las implicaciones de una eventual restricción van más allá de la disputa legal. Fonseca advirtió que revertir la autorización supondría un retroceso en las garantías relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

Además, sostuvo que la disponibilidad de la anticoncepción de emergencia es especialmente importante para las sobrevivientes de violencia sexual, quienes pueden necesitar atención médica para prevenir un embarazo no deseado después de una agresión.

La representante señaló que las sobrevivientes no son responsables de la violencia ejercida en su contra ni de sus consecuencias, por lo que considera fundamental que tengan acceso a medidas de prevención y atención sanitaria.

También mencionó la importancia de los kits de atención para sobrevivientes de violencia sexual, que pueden incluir intervenciones para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos, según las necesidades clínicas de cada caso.

Desde esta perspectiva, las organizaciones consideran que restringir la PAE reduciría las opciones disponibles para niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan situaciones de violencia sexual o que necesitan anticoncepción de emergencia.

Autorización legal y barreras de acceso

Aunque la PAE volvió a estar autorizada en Honduras en 2023, las organizaciones aseguran que persisten barreras que dificultan su disponibilidad. Entre ellas identifican la desinformación, la resistencia de algunas instituciones y las deficiencias en los mecanismos de distribución.

Jinna Rosales, integrante del Grupo Estratégico por la Anticoncepción de Emergencia (GEPAE), advirtió que la restitución legal de la PAE no ha garantizado que esté disponible cuando las mujeres y adolescentes la necesitan.

“A tres años de la restitución de la PAE en Honduras, la barrera principal ya no es únicamente la legalidad, sino la brecha entre la norma y el acceso real. Persisten fallas en la distribución y disponibilidad en el sector público, especialmente en el primer nivel de atención”, explicó Rosales.

Según los datos difundidos por estos colectivos, Honduras registra 97 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años. Señalan, además, que cada día dos niñas menores de 14 años son obligadas a continuar embarazos derivados de violación.

Los colectivos consideran que este contexto hace especialmente importante mantener alternativas de prevención del embarazo y garantizar atención integral para las sobrevivientes de violencia sexual.

Honduras y el contexto regional

La audiencia temática “Acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Honduras” se realizará en el marco del 197.º Período de Sesiones de la CIDH en Ciudad de Panamá.

Las organizaciones hondureñas sostienen que en la región se han presentado acciones judiciales, campañas de desinformación y barreras administrativas que pueden limitar el ejercicio efectivo de derechos reconocidos en las leyes nacionales.

La presentación ante la Comisión busca situar el caso hondureño dentro de ese panorama regional y exponer las consecuencias que podría tener una eventual reversión de la medida que permitió recuperar el acceso a la anticoncepción de emergencia.