Vialidad II: Casación mantuvo la probation de una ex directiva de una constructora del grupo Báez

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el intento del Ministerio Público Fiscal de llevar a la Corte Suprema la probation concedida a Myriam Elizabeth Costilla, ex presidenta de Kank y Costilla S.A., una constructora radicada en Comodoro Rivadavia que integró el conglomerado empresario de Lázaro Báez. La mujer está imputada en un segundo tramo derivado de la causa Vialidad, por su presunta intervención en la maniobra de defraudación vinculada con las obras públicas adjudicadas al grupo empresario en Santa Cruz.

El expediente principal tuvo como núcleo el direccionamiento de 51 obras viales y concluyó con nueve condenas. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema dejó firmes las penas contra la ex presidenta Cristina Kirchner, Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros seis exfuncionarios. Los tres primeros fueron condenados a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Costilla, sin embargo, no había formado parte de aquel juicio. Su situación quedó incluida en un tramo elevado a debate por separado para determinar las responsabilidades de otros empresarios y exfuncionarios vinculados con las contrataciones investigadas. Ese segundo proceso llegó al Tribunal Oral Federal N° 2 con diez acusados, aunque con el avance del expediente siete obtuvieron la suspensión del juicio a prueba, entre ellos Costilla y Martín Báez. El debate continuó respecto de tres exfuncionarios de Vialidad Nacional: Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate.

En ese contexto se inscribe la acusación contra Costilla. La acusación le atribuyó haber contribuido, desde la presidencia de Kank y Costilla, al funcionamiento de la maniobra entre 2007 y 2013. Según la imputación, intervino en ofertas, licitaciones y contrataciones que contribuyeron a sostener la estrategia desplegada por el grupo Báez en las obras viales de Santa Cruz.

Antes de llegar al juicio, su defensa recurrió a la suspensión del proceso a prueba, conocida como probation. La herramienta permite paralizar el proceso durante un período determinado bajo el cumplimiento de reglas de conducta y, si esas condiciones son respetadas, puede conducir a la extinción de la acción penal sin una sentencia luego de un debate oral.

El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, le concedió el beneficio procesal el 6 de mayo pasado por un plazo de dos años. Los magistrados tuvieron en cuenta, entre otros aspectos, que la escala penal permitía considerar una eventual pena de ejecución condicional y que Costilla no registraba antecedentes condenatorios.

Como condiciones, deberá fijar residencia, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y realizar cuatro horas semanales de tareas comunitarias en el hogar de ancianos Pablo VI, de Comodoro Rivadavia, donde tiene residencia. La defensa, encabezada por Martín Magram, también había ofrecido una reparación económica de cinco millones de pesos.

La fiscalía se opuso al beneficio y mantuvo sus cuestionamientos. Después de que Casación rechazara el recurso presentado contra aquella decisión, el fiscal general Mario Villar interpuso un recurso extraordinario con el objetivo de abrir la instancia al Máximo Tribunal.

La discusión quedó nuevamente en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada en este expediente por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los jueces Borinsky y Barroetaveña consideraron que el planteo fiscal no había logrado demostrar la existencia de una cuestión federal debidamente fundada ni de “algún supuesto de arbitrariedad” que permitiera habilitar excepcionalmente la intervención del máximo tribunal.

Los magistrados de la mayoría también señalaron que el recurrente no había conseguido refutar todos los fundamentos de la decisión impugnada. Antes de resolver, fue oída la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene en calidad de querellante en el expediente.

El juez Hornos quedó en disidencia. Según expuso en su voto, la resolución era equiparable a una sentencia definitiva porque la probation impide que el proceso avance hasta una sentencia y, si Costilla cumple las condiciones impuestas, “conduce a la extinción de la acción penal”. Según su criterio, eso podía generar un perjuicio de imposible o tardía reparación para la acusación.

El magistrado consideró además que el recurso fiscal identificaba cuestiones de naturaleza federal y cuestionó que la decisión anterior hubiera omitido responder argumentos sustanciales del Ministerio Público. Por eso propuso conceder el recurso extraordinario.

Así las cosas, la Sala IV del máximo tribunal penal federal declaró inadmisible el recurso extraordinario de la fiscalía. El Ministerio Público todavía puede intentar llegar a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. Mientras eso no ocurra, la probation concedida a Costilla continúa vigente bajo las condiciones fijadas por el TOF 2.