Procesaron a un camarista de Córdoba por abuso de autoridad y lesiones graves

El camarista federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, fue procesado por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, en una causa iniciada por la denuncia de la secretaria judicial Celina Laje Anaya

La causa analiza presuntas irregularidades en la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba en expedientes vinculados con la causa “Bunge” y la denuncia de hostigamiento laboral de Laje Anaya.

Uno de los episodios centrales ocurrió en diciembre de 2023, dentro de la causa “Humanes”. Según la resolución judicial, Sánchez Torres dispuso que la camarista Graciela Montesi integrara la Sala B, aunque esa decisión no se ajustaría al mecanismo previsto para las subrogancias del tribunal.

Laje Anaya, que entonces era secretaria penal de la Cámara, se negó a elaborar el certificado destinado a formalizar esa integración. La funcionaria entendía que la medida no respetaba las acordadas que regulaban la conformación de las salas y dejó asentada su objeción.

Pese a esa advertencia, Sánchez Torres firmó un decreto para incorporar a Montesi y otorgó “preferente despacho” al expediente. Para el juez federal N.º 2, Sánchez Freytes, los elementos reunidos hasta ahora permiten sostener que el camarista avanzó con la medida aun cuando había sido informado sobre el cuestionamiento.

Por ese hecho, el juez dictó el procesamiento por abuso de autoridad. En cambio, Montesi fue sobreseída parcialmente en relación con el expediente “Humanes”, porque no se acreditó que hubiera intervenido en la decisión. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el expediente no habría llegado a su vocalía y ella tampoco habría sido notificada sobre su incorporación, informó El Doce.

La denuncia de hostigamiento

Según la denuncia, el hostigamiento comenzó después de que Laje Anaya se negara a formalizar la integración de Montesi en la causa “Humanes”. La resolución examinó descalificaciones, cuestionamientos a sus funciones frente a otros empleados, pérdida de autoridad dentro de la dependencia y una carga de tareas que, según la acusación, excedía sus posibilidades.

El expediente incorporó testimonios, certificados médicos, historias clínicas y juntas médicas sobre las consecuencias que esos hechos habrían tenido en la salud física y psíquica de la secretaria. Con esos elementos, Sánchez Freytes procesó al camarista por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, en concurso real con el abuso de autoridad.

En 2025, Laje Anaya pasó de una Secretaría de Cámara a una de primera instancia, un cambio que implicaba un descenso en su carrera judicial y una reducción salarial. La medida fue aprobada con los votos de Sánchez Torres y Montesi. Para el juez, las circunstancias de esa decisión integran el conjunto de hechos analizados como parte del presunto hostigamiento.

La causa también examinó si Sánchez Torres y Montesi modificaron la integración de la Sala A en un expediente vinculado con “Bunge” para evitar la intervención de la camarista Liliana Navarro. Por ese hecho, Sánchez Freytes dictó falta de mérito para ambos: consideró que no había pruebas suficientes para procesarlos, pero tampoco para cerrar la investigación.

El Consejo de la Magistratura abrió expedientes

En agosto de 2026, el Consejo de la Magistratura de la Nación notificó a Sánchez Torres y Montesi sobre la apertura de expedientes para investigar su conducta. Los magistrados, que además son pareja, debían presentar su defensa ante el organismo.

Las actuaciones abarcan presuntos direccionamientos de causas, posibles incompatibilidades derivadas de su relación, violencia laboral, enriquecimiento ilícito, presiones sobre funcionarios y una denuncia por dádivas vinculada con un viaje a Punta del Este en un avión privado.

La resolución de Sánchez Freytes será comunicada al Consejo de la Magistratura, que deberá definir si adopta medidas dentro de sus atribuciones. La fiscalía había pedido el arresto domiciliario de Sánchez Torres, pero el juez rechazó esa solicitud al considerar que no existían riesgos procesales que justificaran una medida de esa magnitud. También tuvo en cuenta la inmunidad de arresto que mantiene el camarista.

El juez ordenó un embargo de $70 millones sobre los bienes de Sánchez Torres o, si esa medida no pudiera concretarse, una inhibición general por el mismo monto. El camarista continuará en funciones mientras avance el expediente y el Consejo de la Magistratura evalúa el alcance disciplinario de las denuncias.