La abogada boliviana Nadia Beller Delgadillo, expareja del consultor Fernando Cerimedo baleada por sicarios en Santa Cruz de la Sierra, declaró como testigo este miércoles en la causa ANDIS, donde se investiga el entramado de corrupción que habría operado en el organismo de Discapacidad durante la gestión libertaria.
El fiscal federal Franco Picardi le tomó la testimonial de forma virtual, desde la sede de la Procuración General de la Nación. La mujer aportó lo que sabe desde su país -por razones de salud y seguridad-, con colaboración de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Fuentes judiciales consultadas por Infobae adelantaron que Beller respondió preguntas durante una hora y habría ofrecido nueva información relevante para el caso. Los detalles no trascendieron, dada la estricta reserva con la que se manejó la declaración.
Al salir de la fiscalía boliviana, Beller habló con la prensa, escoltada por policías y vistiendo un chaleco antibalas: “Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino; ellos ya verán si lo requieren o no”, contó la mujer, al ser consultada por las grabaciones que dijo tener almacenadas.
Y agregó: “Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que crean pertinente para su causa”.
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A último momento, se descartó la presencia de los abogados de los acusados en la audiencia. Las autoridades bolivianas rechazaron la asistencia de los defensores, amparados en su propia legislación, que lo prohíbe.
Este martes, mientras se ultimaban los detalles de la testimonial, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, entre otros 18 exfuncionarios, intermediarios y empresarios involucrados. Así, la Justicia los dejó un paso más cerca de ser enviados a juicio oral por direccionamiento de contratos, sobreprecios y coimas.
La convocatoria de la testigo surgió a partir de una serie de manifestaciones públicas que la letrada realizó en diversos medios de comunicación. En esas apariciones, Beller aseveró que poseía evidencias y datos de relevancia para el expediente judicial que se tramita en Buenos Aires. La abogada dijo tener grabaciones de Cerimedo hablando de la corrupción en el Gobierno. Además, señaló a la pareja del consultor en la Argentina y exfuncionaria de la ANDIS, Natalia Basil, como la persona que filtró los audios atribuidos a Spagnuolo que destaparon el escándalo.
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Según las declaraciones de la abogada, Cerimedo le confió que la difusión de esos registros de audio fue obra de Basil. Por orden del juez federal Ariel Lijo, quien interviene en la causa, las grabaciones atribuidas a Spagnuolo están siendo sometidas a un peritaje para certificar su origen y veracidad.
En el expediente hay pruebas sobre maniobras supuestamente ilícitas que ahora investiga la justicia, que se habrían ejecutado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en el ámbito de la ex ANDIS, entidad que dependía del Ministerio de Salud de la Nación hasta su disolución.
La hipótesis principal sostiene que se estructuró una organización delictiva integrada por funcionarios públicos, lobistas y empresarios.
De acuerdo con la acusación fiscal, los involucrados direccionaron licitaciones y compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI. Estos insumos médicos eran destinados a pacientes con patologías graves, crónicas o con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. El esquema corrupto habría cartelizado las adjudicaciones a favor de un grupo selecto de droguerías vinculadas con los directivos del organismo. Los contratos presuntamente arreglados tenían sobreprecios, de los que luego se descontarían los sobornos.
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Hasta el momento, la justicia argentina identificó a 49 personas físicas y a más de 25 sociedades comerciales presuntamente vinculadas a la maniobra.
Entre los señalados como jefes de la asociación ilícita figuran el ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, además de su segundo, Daniel María Garbellini; los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Están procesados también por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración estatal, cohecho y lavado de activos.
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