El exjefe policial Juan Francisco Cifuentes Cano fue condenado a 50 años de prisión inconmutables por la desaparición forzada de Luz Leticia Hernández Agustín y Ana María López Rodríguez, capturadas el 22 de noviembre de 1982 en Mixco, Guatemala. El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, casi 44 años después de los hechos, según informó la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala.
La sentencia impuso 25 años de cárcel por cada una de las dos víctimas y suspendió los derechos políticos del condenado durante el tiempo de la pena. Cifuentes Cano dirigía la Brigada de Reacción y Operaciones Especiales, conocida como el Quinto Cuerpo de la Policía Nacional.
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El conflicto armado interno guatemalteco se extendió entre 1960 y 1996 y dejó unas 45,000 personas desaparecidas, de acuerdo con estimaciones citadas por la organización querellante.
La condena se dictó en un caso impulsado por los familiares de las jóvenes y por Famdegua, que participó en el proceso judicial.
Los archivos policiales y la operación de noviembre de 1982
La jueza Graciela Nineth Ordóñez Sáenz declaró a Cifuentes Cano culpable del delito de desaparición forzada contra ambas mujeres. La pena aplicada corresponde al mínimo previsto para ese delito: 25 años por cada víctima.
El expediente pudo reconstruirse con documentos de la extinta Policía Nacional que registraron actuaciones desarrolladas entre el 21 y el 22 de noviembre de 1982. Los papeles incluyeron cateos, relevos de personal y la intervención de estructuras del Comando de Operaciones Especiales.
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Los registros permitieron establecer elementos de la operación sin que se respetaran el debido proceso ni las garantías constitucionales vigentes en ese período. Entre la documentación figura un informe policial que consignó que durante el operativo “se escuchan voces de personas de sexo femenino”.
El caso también registró la intervención posterior del presidente de la Cruz Roja y actuaciones ante el Tribunal de Fuero Especial No. 1. Las familias promovieron además procedimientos de averiguación, acciones legales, gestiones ante la Procuraduría de los Derechos Humanos e investigaciones del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas.
La desaparición de Hernández Agustín y López Rodríguez llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el expediente 9.111.
Las diligencias reunidas en Guatemala formaron parte de una búsqueda sostenida durante más de cuatro décadas.
La absolución por deberes contra la humanidad y la búsqueda pendiente
El tribunal absolvió a Cifuentes Cano del delito de deberes contra la humanidad, contemplado en el artículo 378 del Código Penal guatemalteco. Esa decisión dejó fuera de la condena los hechos de violencia sexual y tortura atribuidos a las víctimas por Famdegua.
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La asociación sostuvo que las pruebas presentadas durante las audiencias orales y públicas acreditaban la responsabilidad del exjefe policial también por ese delito. Por ello, anunció que analizará las alternativas legales disponibles frente a la absolución.
Mirtala y Marta Hernández Agustín, hermanas de Luz Leticia y querellantes en el proceso, dijeron a Festivales Media que esperaban una resolución más amplia. Sin embargo, remarcaron que el fallo reconoce la culpabilidad del acusado y confirma que los hechos fueron probados durante el juicio.
La organización afirmó: “Una sentencia no devuelve a las personas desaparecidas, pero sí contribuye a romper el silencio, establecer responsabilidades y reconocer el dolor de quienes durante décadas han exigido respuestas”. También reclamó que las instituciones estatales continúen investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
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Famdegua planteó que la búsqueda debe mantenerse aun después de una sentencia, porque las familias conservan el derecho a conocer el paradero de sus seres queridos. “La justicia para un caso abre una puerta para todos los casos”, señaló la organización bajo el lema “Hasta encontrarles”.
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