El Consejo de la Magistratura aprobó un convenio con Justicia para avanzar con el sistema acusatorio federal

La Comisión de Administración y Financiera (CAF) del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con el Ministerio de Justicia de la Nación, vinculado con la implementación del Código Procesal Penal Federal.

El acuerdo en cuestión fue tratado como punto 44 del orden del día, sobre el cierre de la octava reunión de la Comisión bajo la presidencia de Santiago Viola. Los consejeros autorizaron además al administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, a suscribir el acuerdo y las actas complementarias que se deriven de ese instrumento.

El convenio establece un marco de coordinación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura para acompañar la extensión del sistema acusatorio federal en todo el país. A través de las actas complementarias podrán definirse las medidas específicas que requiera el proceso de implementación en las distintas jurisdicciones.

La reforma procesal modifica, en rigor, la distribución de funciones dentro del proceso penal federal: bajo el modelo acusatorio, la investigación queda principalmente a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras los jueces concentran las tareas de control y decisión. Su puesta en marcha requiere además adecuaciones en materia de infraestructura, tecnología, recursos humanos y capacitación, con intervención de los distintos organismos del sistema judicial.

El nuevo Código comenzó a regir el 21 de septiembre en la jurisdicción federal de La Plata. Con esa incorporación, el sistema acusatorio ya se encuentra vigente en 11 de los 18 distritos federales. Antes de La Plata, ya funcionaba en diez distritos que abarcan Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás.

El cronograma continuará el 30 de noviembre de 2026 en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que comprende la provincia de Entre Ríos. Para 2027 está prevista la entrada en vigencia en los fueros penal federal y penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 15 de febrero, y en Córdoba, a partir del 8 de marzo.

La reunión de la CAF fue encabezada por el consejero Viola, representante del Poder Ejecutivo Nacional, con la participación del secretario de la Comisión, Fernando Álvarez, y de Varady. Entre los consejeros estuvieron Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, por el estamento de los jueces; César Antonio Grau y María Fernanda Vázquez, por la abogacía; y Hugo Galderisi, por el ámbito académico. Por el Congreso participaron Álvaro González, Gonzalo Roca y Rodolfo Tailhade, representantes de la Cámara de Diputados, y Mariano Recalde, por el Senado.

La sesión se desarrolló en modalidad semipresencial desde la Sala de Reuniones “Lino E. Palacio”, ubicada en Libertad 731, segundo piso, en la Ciudad de Buenos Aires, y fue transmitida en vivo a través de internet.

Durante el encuentro también se presentó un informe sobre la situación económico-financiera del Poder Judicial. Allí se indicó que el crédito previsto para el Consejo para el próximo año, según el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso, asciende a $2,56 billones, alrededor de $270.000 millones por encima del techo presupuestario originalmente contemplado.

En materia de infraestructura, se autorizaron procesos licitatorios para la adecuación y mantenimiento de ascensores de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y de edificios dependientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

También se aprobó una licitación para adquirir e implementar una solución de licencias de antivirus, junto con su mantenimiento, y se adjudicaron servicios de limpieza para el edificio de Marcelo T. de Alvear 1840, su anexo y distintas dependencias de la Cámara de Apelaciones de San Martín.

La Comisión autorizó además prórrogas de seguros de edificios y de la flota automotor del Poder Judicial, la renovación del contrato de locación del inmueble donde funcionan los Juzgados Federales N° 2 y 4 de Mendoza y la recepción definitiva y liquidación final de una obra de remodelación eléctrica en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

La agenda incluyó, además, solicitudes por vacaciones no gozadas y régimen de desarraigo, recursos jerárquicos relacionados con subrogancias de magistrados, secretarios y funcionarios, honorarios de peritos y contrataciones. También se autorizó a la Secretaría de Asuntos Jurídicos a iniciar gestiones para explorar soluciones en procesos judiciales y asuntos contenciosos en los que el Consejo es parte, vinculados con cobros de sumas de dinero y acuerdos de pago derivados de contrataciones de obra.