La Asociación Civil Usina de Justicia denunció por presunto prevaricato y mal desempeño a la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional, para un caso particular, el artículo 1 de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil y sobreseyera a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
“La juez denunciada omitió deliberadamente cumplir la Ley”, sostuvo la denuncia firmada por el abogado Fernando Soto en representación de la entidad. La Asociación cuestionó los fundamentos de la resolución y sostuvo que la jueza omitió aplicar una ley nacional vigente.
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Al respecto advirtió que “la sentencia que dictó es, en realidad, una mera opinión antojadiza de la juez, y que por su opinión personal no puede violar la Ley. Los jueces están para cumplir la Ley, no para incumplir la Ley”.
En la denuncia se consideró que la decisión de la magistrada estuvo “basada en pura ideología”. “Nada pudo probar la juez que el menor bajo su juzgamiento no debía responder por el robo en tentativa por el que había sido imputado”, planteó Usina de Justicia.
Prevaricato
En la denuncia penal, se pidió investigar a De Marinis por el delito de prevaricato, previsto en el artículo 269 del Código Penal. El escrito afirma que la magistrada dictó una resolución contraria a una norma expresa y que sus argumentos se basaron en una interpretación que la entidad considera subjetiva de los tratados internacionales y de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
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La presentación sostiene que ningún tratado internacional fija una edad única de imputabilidad penal para menores y cuestiona que las observaciones de ese comité tengan carácter obligatorio para los Estados parte. Además, solicita que se requiera el expediente judicial y que se abra un sumario penal con intervención fiscal.
El fallo cuestionado
El fallo de De Marinis sostuvo que la incorporación al sistema penal debe ser una medida de último recurso. En ese marco, la jueza señaló que “castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto”.
De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 3, consideró inconstitucional la aplicación del nuevo régimen en la situación de un adolescente de 14 años y dispuso su sobreseimiento.
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La Ley 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre pasado y establece un régimen de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años imputados por delitos previstos en el Código Penal. La magistrada sostuvo que aplicar la norma en ese expediente suponía una respuesta estatal regresiva, ya que antes de su vigencia el joven no podía ser perseguido penalmente y debía intervenir el sistema de protección integral.
La declaración de inconstitucionalidad alcanza exclusivamente al adolescente y al expediente analizado, por lo que no deja sin efecto la ley de forma general.
El hecho investigado ocurrió el 10 de septiembre y estuvo vinculado con un presunto intento de robo en el que participaban otros jóvenes.
Consejo de la Magistratura
En una segunda presentación, Usina de Justicia denunció a la magistrada por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura porteño. El planteo se apoya en disposiciones de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y pide la apertura de un sumario para investigar su conducta.
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La Asociación argumentó que la resolución carecería de fundamentos suficientes para apartarse de la Ley 27.801 y que la jueza habría reemplazado la aplicación de la norma por una valoración personal. También planteó que la decisión no ponderó de manera adecuada los derechos de las víctimas de delitos.
De Marinis asumió como jueza de primera instancia del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2023, tras prestar juramento ante el Tribunal Superior de Justicia.
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